PSC, ERC, JxCat y comunes pactan una ley que evita los porcentajes de lenguas

Si así lo acuerda hoy el pleno del Parlament, se ampliará el orden del día para que este mismo viernes se vote la propuesta, forjada tras semanas de intensas negociaciones. El acuerdo llega justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano.

De hecho, los cuatro grupos ya alcanzaron un acuerdo el pasado 24 de marzo y llegaron a registrar una propuesta de reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998, en la que se reafirmaba el catalán como «lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje» y se establecía que el castellano debe ser usado «en los términos que fijen los proyectos educativos de cada centro». Sin embargo, al cabo de unas horas, tras constatar la reacción negativa de sectores independentistas, JxCat se desmarcó del acuerdo y forzó una nueva negociación, que ha terminado con un acuerdo que implica aparcar esa reforma de la Ley de Política Lingüística e impulsar una «proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria».

La nueva propuesta mantiene la definición del catalán como «lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje» y «uso normal en la acogida» de alumnos recién llegados, mientras que el castellano será «utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Como exigía JxCat para no poner en duda que el catalán debe ser la lengua vehicular, en el nuevo texto se modifica la referencia a que «la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos de centro».

Ahora, la nueva propuesta estipula que «la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos», para que «todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales».

La presencia concreta de cada lengua, señala el texto acordado, «debe tener en cuenta la situación sociolingüística» de los centros y su entorno y «los objetivos de normalización lingüística», a partir exclusivamente de «criterios pedagógicos».

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha destacado que la fórmula pactada permite que el catalán siga siendo «centro de gravedad» del modelo educativo y se reconozca también el castellano como «lengua de aprendizaje», por lo que la ley permite «cumplir mejor la sentencia» del 25%.

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha afirmado que el acuerdo permite «blindar» el catalán en los centros y en ningún caso el castellano será considerado como lengua vehicular; lo mismo opina la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que cree que la nueva ley servirá para «proteger el modelo de escuela catalana».

También el portavoz parlamentario de En Comú Podem, David Cid, ha subrayado que la nueva ley «blinda» el catalán frente «a injerencias judiciales».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado el «gran acuerdo» para «proteger» y «defender» el catalán en la escuela y «garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades».

La que vuelve a quedarse fuera del acuerdo es la CUP, que interpreta que la propuesta «introduce el castellano como lengua vehicular» y «representa un punto y final» del actual modelo.

El líder parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha cargado contra el PSC por la «vergüenza» de haber permitido un acuerdo sobre una «ley tramposa» que «no recoge el derecho al mínimo del 25% de español en todas las aulas de Cataluña» y que «pone en la diana a los directores de centro».

La propuesta, registrada esta tarde por los cuatro grupos para ser aprobada por la vía de urgencia por el pleno este viernes, vendrá acompañada de un decreto ley que el Govern aprobará en paralelo, que detallará cómo elaborar los proyectos lingüísticos, que deberán ser validados por el departamento de Educación.

Escuela de Todos, formada por 15 asociaciones contrarias a la inmersión lingüística, considera que la nueva ley «no afecta en nada a la ejecución de la sentencia» del TSJC sobre el 25% de clases en castellano. En un comunicado, Escuela de Todos señala que la proposición de ley reitera el contenido de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, en la medida que en su literalidad contempla sólo el carácter de lengua vehicular y de aprendizaje del catalán y no se contempla idéntica medida para el castellano.

Lamenta a continuación que «no se haya aprovechado el intenso debate de los cuatro grupos parlamentarios para haber regularizado la situación del régimen lingüístico del sistema educativo catalán y haber adaptado de una manera clara y diáfana la Ley al modelo del  bloque constitucional que obliga a reconocer como lenguas vehiculares y de aprendizaje a las tres lenguas oficiales de Cataluña».

Considera sin embargo que «el contenido de esa proposición  ley no impedirá  la ejecución de la sentencia» y que «por el contrario, los proyectos lingüísticos con criterios pedagógicos y de manera singularizada deberán incluir un mínimo de enseñanzas en castellano y en catalán con la naturaleza de lenguas vehiculares».

Escuela de Todos señala por último que el conseller de Educación «debe cumplir en su literalidad el auto del 4 de mayo de 2022 y dictar las instrucciones a los centros educativos para que se cumpla la sentencia y garantizar su cumplimiento» y recalca que «el plazo para hacerlo vence el 31 de mayo».