Directores ven indefinido el decreto del catalán y piden instrucciones claras

A la espera de recibir las instrucciones que está previsto que la Consellería envíe mañana a las direcciones de todos los centros públicos y concertados, varios directores han afirmado en declaraciones a Efe que el decreto aprobado hoy «llega tarde», «no da instrucciones concretas» y «no parece que proteja legalmente a los directores».

El Govern ha aprobado este lunes un decreto ley por el que asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados, que previamente habrá valorado la conselleria de Educación y que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.

Para el director del instituto «Torre del Palau» de Terrassa, Evaristo González, el decreto «no aporta nada nuevo» ya que «sigue negándose a establecer un porcentaje para la enseñanza de lenguas» y «sigue sin dar directrices concretas» sobre «cómo tiene que ser» la educación en castellano y en catalán. Según González, el decreto ley es «una medida de la consellería para poder pasar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sin hacer nada» y no impartir el 25% de clases en castellano, como indica el TSJC.

En el mismo sentido se ha pronunciado el director de la escuela «L’Oreig» de Pallejà, Joan Gamero, que ve «un decreto ley aprobado con prisas, sólo para eludir la espada de Damocles de la sentencia del TSJC». Gamero también ha criticado que el decreto ley «no aporte nada concreto» para «garantizar la legalidad de aquí a final de curso a las direcciones». Por ello, el director espera que las instrucciones que la consellería enviará mañana a los centros educativos «sean más explícitas» y «concreten hasta qué punto se garantizan la legalidad y la autonomía de centro». «Sin unas indicaciones precisas, puede ser que lleguemos a septiembre o octubre en falso» ya que «estamos sin una guía y nos sentimos desemparados en el día a día», ha añadido el director de l’Oreig.

Como vocal de pedagogía y escuela del Colegio de Pedagogos de Cataluña, Joan Gamero ha revindicado una educación basada en una «autonomía real de centro» porque «el entorno condiciona la realidad de cada escuela e instituto» y los proyectos lingüísticos «no se pueden diseñar en base a criterios uniformadores». En este sentido, el director teme que el real decreto aprobado hoy por el Govern «limite la libertad de los directores de centro».

El director del instituto «Pablo Ruiz Picasso» de Barcelona, Marc Hortal, también ha criticado la «ambigüedad» del decreto y que no haya una normativa «clara» que exima de responsabilidad a los directores de centros ante los ataques que, por «razones lingüísticas», «puedan llegar por parte de entidades o familias». «No acabo de ver claro el mecanismo por el que Educación asume la responsabilidad legal ante la política lingüística» en el nuevo decreto, ya que, «lo hace a partir de la validación de unos proyectos lingüísticos» que «al final estaremos ejecutando desde los centros», ha señalado Marc Hortal. Por ello, el director ha pedido también que las instrucciones que la consellería enviará mañana a los centros educativos para elaborar los planes lingüísticos sean «claras y precisas».

La Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) y la plataforma una Escuela para Todos ven en el decreto aprobado hoy por el gobierno catalán una declaración «expresa de que desobedecerán» a los tribunales y «no ejecutarán la sentencia» del 25% de las clases en castellano. «La rueda de prensa de hoy de la Generalitat confirma que el Departamento de Educación no remitirá ninguna instrucción para dar cumplimiento a lo ordenado por el TSJC en su auto de ejecución de 4 de mayo», han expresado las asociaciones que reclaman más presencia del castellano en las aulas y que instan a que se cumpla la sentencia del TSJC, que dio de plazo hasta el día 1 de junio para ejecutarla materialmente en todos los colegios.

La sentencia, dictada por el TSJC el 16 de diciembre de 2020, obliga a que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano, una orden que la Generalitat debe cumplir a partir del día 1 de junio.

La AEB y Escuela para Todos recuerdan que el Departamento de Educación aún no ha dado ninguna instrucción para dar cumplimiento a dicha resolución «y hoy se ha confirmado que no emitirá ninguna resolución en este sentido». «La desobediencia clara, frontal y explícita a las decisiones judiciales por parte de los poderes públicos es una quiebra del Estado de Derecho que debe ser reparada por todos los medios de los que se disponga y a tal fin emplazamos a todos los actores políticos a utilizar los recursos de los que disponen para conseguir la plena aplicación de la Constitución y de las sentencias de los tribunales», pide las asociaciones que han instado la ejecución de la sentencia antes de que se acabe el presente curso escolar.

El auto del TSJC de 4 de mayo de 2022 establece que todos los alumnos catalanes deberán recibir al menos un 25% de su docencia en castellano, y que el 31 de mayo el conseller de Educación ha de informar sobre cómo ha dado cumplimiento a este mandato. «No hay ningún otro contraste posible para verificar el cumplimiento de la decisión judicial que la efectividad de esa docencia en castellano en todos los centros educativos de Cataluña», manifiestan las plataformas que defienden el bilingüísmo.

Para estas asociaciones, el Decreto ley aprobado hoy por el Govern es un intento de «servir de vía para eludir el cumplimiento de la mencionada sentencia». «En caso de que la Generalitat entienda que ha habido una modificación legislativa que impide el cumplimiento de la sentencia así lo tendrá que indicar al TSJC, quien podrá valorarlo, pero en tanto no se produzca una decisión del TSJC sobre la incidencia de la nueva normativa en las decisiones judiciales adoptadas, éstas siguen siendo plenamente obligatorias», advierten las entidades.

Sin embargo, sí reconocen que el texto del Decreto ley aprobado «no contradice lo establecido en las decisiones judiciales, pues no excluye que tanto el castellano como el catalán son lenguas que han de ser utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en el sistema educativo catalán; y es, por tanto, compatible con lo establecido en las mencionadas decisiones».

«Lo que establece el Decreto ley sobre la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas no puede tener como efecto negar la exigencia constitucional de que ambas lenguas oficiales, castellano y catalán (y el aranés en el Valle de Aran) sean utilizadas en la enseñanza y que en caso de que alguna de ellas reciba el tratamiento de una lengua extranjera deba corregirse esa situación, que es lo que han declarado los tribunales», argumentan la AEB y Escuela para Todos.

Tras reiterar que el plazo del 31 de mayo sigue vigente y que en caso de que ese día los alumnos catalanes no estén recibiendo al menos un 25% de su docencia en castellano «se estará produciendo una quiebra del Estado de Derecho que deberá ser reparada de inmediato», las entidades señalan que «tiene una especial responsabilidad el Gobierno de España, que dispone de mecanismos para conseguir que la Generalitat ajuste su comportamiento a las exigencias constitucionales».

El día 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha anunciado que presentará escrito ante TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata.