Luz verde del Consejo de Garantías a la ley del catalán en las escuelas

El Parlament acordó el 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, pero Vox, Cs y PP solicitaron dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias para que examinase su constitucionalidad, lo que obligó a aplazar su aprobación. En su dictamen, emitido este martes y adoptado por unanimidad, el Consejo de Garantías Estatutarias señala que los artículos cuestionados «no vulneran» ni la Constitución ni el Estatut.

Vox, Cs y PP advertían de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 2 de la proposición de ley, que establece el catalán como «lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje», si bien reconoce también el «uso curricular y educativo» del castellano.

El dictamen constata que la proposición de ley plantea «un uso más amplio del castellano en el sistema educativo respecto a las previsiones contenidas en la Ley de Educación de Cataluña y la Ley de Política Lingüística», ya que «recoge explícitamente su uso curricular y educativo». Por lo tanto, «la previsión del uso curricular de una lengua supone reconocer la posibilidad de que se extienda sobre todo este conjunto de elementos que integran el sistema educativo», añade.

El castellano, al ser declarada lengua de «uso curricular y educativo», no queda «excluido» del sistema educativo, sino que «se le reconoce un uso que es obvio que va más allá de su utilización solo» para impartir la propia asignatura de castellano. Según el Consejo de Garantías Estatutarias, «se cumplen sobradamente las condiciones que ha establecido el Tribunal Constitucional en relación con el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria».

En cuanto a las objeciones de Vox, Cs y PP a que la ley no establezca un porcentaje mínimo del 25% de clases en castellano, como prevé el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el dictamen advierte de que «el contenido de las resoluciones de los tribunales ordinarios no constituye ningún parámetro para valorar la constitucionalidad ni la estatutariedad de las leyes». El dictamen señala que la regla del mínimo del 25% de uso vehicular para cada una de las lenguas oficiales, establecida en la sentencia judicial, «no se convierte en parámetro de constitucionalidad ni de estatutariedad que vincule al legislador y que, por lo tanto, lo obligue a respetarla».

En los próximos días, el Consejo de Garantías Estatutarias deberá dictaminar también sobre el decreto ley aprobado la semana pasada por el Govern, que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de centros, y evita hablar de porcentajes de lenguas. Tras recibir el dictamen de la proposición de ley, el Parlament podrá debatirla y votarla en el pleno de mañana miércoles.

Vox, Cs y PP han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional la ley, a pesar del dictamen favorable del Consejo de Garantías. La portavoz parlamentaria del grupo PSC-Units, Alícia Romero, ha celebrado el aval «contundente y claro» del Consejo de Garantías. En cambio, la diputada de la CUP Laia Estrada considera que el dictamen «demuestra» que la ley supone «un retroceso histórico». La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha celebrado el aval del Consejo de Garantías a la proposición de ley, que puede ser útil para «combatir los ataques de los tribunales» al catalán.

Por otra parte, Plaja se ha referido al rechazo de Junts a dar continuidad a la mesa de diálogo con el Estado: pese a reconocer que en estos momentos, tras el caso de espionaje a independentistas, la confianza entre gobiernos es «nula», ha remarcado que «la mesa de negociación está recogida en el acuerdo de Govern y sigue vigente, si se dan las condiciones para que se pueda reunir».