Jacobo Rey: "Con el decreto de requisitos mínimos se podía acabar logrando lo contrario a lo que se buscaba, potenciar el 0-3"

Jacobo Rey tiene un reto no menor desde la dirección general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica en una comunidad que aspira a ser vista como uno de los mejores lugares de España para criar hijos. Hablamos con él de Educación Infantil al hilo del recién retirado decreto de requisitos mínimos de centros de Infantil, Primaria y Secundaria.

Hace una semana alertaban de la posible pérdida de plazas en escuelas infantiles. Ahora el Ministerio ha retirado el decreto de requisitos mínimos.
–Lo primero que denunciábamos eran las formas. Nos enteramos de los cambios a través de los medios, y creemos que se trata de una cuestión lo suficientemente seria para que no fuera así. Posteriormente recibimos el borrador, y al abordarlo en la Comisión General de Educación con los representantes del Ministerio todas las comunidades, salvo una, nos manifestamos en la misma dirección. El borrador de real decreto, con nuevos requisitos para las escuelas infantiles y centros que imparten 0-3, nos generaba muchas duda y expusimos que, tal y como está planteado, puede suponer una pérdida importante de plazas.

Es la primera vez que se esta etapa cuenta con un paraguas estatal. 
–Sí, hasta ahora la regulación recaía exclusivamente en las comunidades autónomas, pero con la Lomloe se decide que es el momento de contar con una legislación estatal en lo relativo a ratios, etc. en la primera etapa de Educación Infantil. Y nosotros creemos que se ha de escuchar lo que tienen que decir las comunidades autónomas, que son las que han regulado y gestionado el 0-3, y por eso se lo conocen al dedillo.

En Galicia cifran en 2.500 las plazas que se podrían perder
–Y eso tirando por lo bajo, y en un momento en que, con muchas diferencias de implantación, el 0-3 se está potenciando. En Galicia la oferta de 0-3 la conforman una red de unos 500 centros entre escuelas infantiles y puntos de atención a la infancia, y unas y otros están regulados por la autoridad administrativa, en este caso la Consejería de Política Social, y cumplen unos requisitos, pasan unas inspecciones exigentes… y no puede ser que ahora se queden en una situación de inseguridad jurídica cuando en Galicia el 100% de los centros de 0-3 son autorizados por la Xunta. Todos tienen que contar con su proyecto educativo porque son centros educativos, no guarderías ni jardines de infancia.

¿Las plazas se reducirían como consecuencia de las ratios máximas o de los nuevos requisitos?
–Sobre todo, por la reducción de las ratios. Por ejemplo, en muchos ayuntamientos rurales no hay escuelas infantiles sino puntos de atención a la infancia (PAI), miniescuelas adaptadas a la realidad de cada ayuntamiento que pueden tener una unidad con 20 plazas. Estos ayuntamientos no tienen niños para una segunda aula y si se pasa como máximo a 18 niños ya se pierden dos plazas.

Pero, además, se establecen requisitos de las instalaciones que obligarían a cerrar centros que están ofreciendo el servicio y cumplen la normativa autonómica en vigor. Se habla de una superficie mínima de patios y aulas que algunos de estos centros que actualmente están autorizados ni cumplen ni podrían cumplir.

¿Cuál fue la respuesta del Ministerio ante sus dudas?
–Cuando se lo trasladamos los representantes del Ministerio vieron la reacción de las comunidades y optaron por emplazarnos al mes de septiembre, cuando un grupo de trabajo más técnico abordará esta cuestión, y nosotros estamos a favor de hablar desde el punto de vista técnico. Nos parece que lo que se quería hacer ahora era anunciar a bombo y platillo esta reducción de las ratios, pero sin hablar con las comunidades y dejando en una situación de inseguridad jurídica a las escuelas infantiles y sin plaza a las familias, logrando lo contrario a lo que se buscaba, que era potenciar el 0-3 como etapa educativa.

Sorprende que en Galicia el 0-3 dependa de la Consejería de Política Social.
–Bueno, esta consejería funciona a todos los efectos como administración educativa en 0-3, que es en la que tenemos las competencias. Galicia es una comunidad de referencia en este ciclo, se caracteriza por tener una oferta de la máxima calidad en sus centros públicos, privados y de iniciativa social. En torno al 55% de las plazas son públicas y somos la quinta comunidad autónoma en tasa de escolarización en este primer ciclo. Además, a partir de septiembre se implantará el programa de gratuidad en las escuelas 0-3 para el 100% del alumnado, lo que supone una inversión muy importante, de 50 millones de euros, por parte de la administración autonómica [hasta ahora era para los segundos hermanos y sucesivos]. Otras comunidades se están fijando en Galicia y no es ya un objetivo de esta consejería sino un objetivo de Gobierno que Galicia sea el mejor lugar para una familia con hijos. Por eso incentivamos que para los residentes en la comunidad que quieran escolarizar a sus hijos en 0-3 esta etapa sea gratuita.

Cuentan también con una tarxeta Benvida, ¿es como aquel cheque bebé de Zapatero?
–No, porque está en función de la renta y, en este sentido, se destina a todas las familias cuya renta no llegue a 45.000 euros al año o 13.500 per cápita al año, lo que supone el 80% de los nacimientos. Además, aquel cheque bebé era una ayuda incondicionada, que podía acabar empleándose en objetos de lujo para los padres. Esta tarjeta ha de destinarse a productos para niños en farmacias, parafarmacias, tiendas infantiles… por una cantidad de 1.500 euros al año durante tres años. Queremos lanzar el mensaje de que, a a aquellos que quieran dar el paso, la Xunta les va a ayudar con los primeros gastos.

¿Cómo ve el destino de los fondos Next Generation para Educación Infantil?
–El problema es que van solo destinados a crear plazas. En Galicia ya tenemos más de 30.000 plazas en 0-3, que están usándose, y creemos que estos fondos son una oportunidad perdida, porque habría sido más beneficioso y operativo usarlos en esas plazas que ya están a disposición de las familias que para crear otras nuevas.

¿Cuál es el reto de su dirección general?
–La prioridad es darle la vuelta a la actual dinámica, en que algunos ayuntamientos están perdiendo población. El reto es que dejen de perder población, que recuperen parte de la población que perdieron, que se llegue a una estabilización. Por eso, por ejemplo, existen las casas niño, que es un servicio que permite la conciliación en ayuntamientos en los que no existía ningún centro de 0-3. Sin este tipo de recursos se produce una huida de los concellos rurales a las cabeceras de comarca y a las grandes ciudades, y nuestro reto es que, viva donde viva, una familia pueda acceder al 0-3, por una cuestión de equidad y de justicia social.

¿La equidad educativa de la que suele hacer gala Galicia se construye desde Infantil? 
–Sí, es una etapa que históricamente no se ha valorado, que se vinculaba a la guarda del niño, y ahora empezamos a tomar conciencia de lo que supone que un niño llegue allí totalmente dependiente, en el regazo de su madre, y salga andando, hablando. El mayor desarrollo personal se da en esta etapa, que además es muy importante en lo que respecta a la detección precoz, que muchas veces es clave.

A partir de ahí, la equidad se sigue construyendo en las siguientes etapas, que ya no dependen de la Consejería de Política Social, con una de las ratios alumno-profesor más bajas de España y una red rural de escuelas unitarias que supone un esfuerzo muy importante en uno de los territorios con mayor dispersión geográfica. Solo en transporte escolar se destinan 100 millones de euros cada curso para conectar a los alumnos de las aldeas más recónditas, de las montañas más remotas.

• La tasa de escolarización neta en el primer ciclo de Educación Infantil en Galicia supera el 50%, y se sitúa nueve puntos por encima de la media de España. Con un 50,5% es la quinta comunidad con mejor tasa de escolarización tras el País Vasco (53,8%), la Comunidad de Madrid (51,7%), Andalucía (50,8%) y La Rioja (50,6%).
• En el curso 2021-22 la tasa de escolarización creció 8 puntos.
• A estos alumnos se han de sumar los 500 que acuden a casas-niño en el ámbito rural.
• Hasta ahora, la normativa autonómica, en base a la norma estatal del año 1991 en su artículo 13, fijaba las ratios máximas en 8 alumnos en 0-1, 13 en 1-2 y 20 en 2-3. El borrador de real decreto las reducía a 8, 12 y 18.