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La Plataforma de Infancia señala que existen preocupantes vulneraciones en los derechos de los niños y adolescentes

El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta en los últimos 5 años.
Leticia FernándezMiércoles, 9 de noviembre de 2022
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El informe La situación de la infancia en España 2022, realizado por las organizaciones de la Plataforma de Infancia y en el que han participado más de 165 personas expertas y más de 4.300 niños de todo el territorio español, analiza el estado de los Derechos de la Infancia en España de cara al VII ciclo de revisión sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

A través de este mecanismo de control, el Comité recoge las opiniones de la sociedad civil y las contrasta con las acciones del Estado con el objetivo de defender los Derechos de la Infancia. Emite una serie de recomendaciones, llamadas Observaciones Finales, que los Estados deben poner en marcha en el siguiente ciclo. Las últimas recomendaciones que recibió España del Comité de los Derechos del Niño son de 2018.

“A la Convención sobre los Derechos del Niño no se le da importancia en los colegios e institutos… Yo pienso que se le debe dar importancia”, explicó César, uno de los niños de que ha participado en el informe. En el proceso participativo realizado sobre el cumplimiento de sus derechos, los chicos y chicas han señalado que todos y todas somos iguales.

Carles López "

Es necesario que estos avances se acompañen de recursos económicos, desarrollos normativos y medidas específicas en todos los ámbitos, para que tengan un impacto real en la vida de los niños y niño

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Las organizaciones de infancia reconocen los grandes avances sobre los Derechos de la Infancia que han tenido lugar en España, como la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (Lopivi),y de la Lomloe, la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente o las medidas aprobadas para luchar contra la pobreza infantil, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los complementos de infancia o la garantía infantil.

Según la Plataforma de Infancia, es fundamental destinar recursos económicos a reducir la pobreza infantil y acabar con la falta de equidad. El riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4% en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años. La pobreza infantil afecta al 28% de los niños y niñas y las ayudas o becas comedor solo llegan al 11% del alumnado de Educación obligatoria.

13,3 %
tasa de abandono escolar

en 2021

Por otra parte, las organizaciones de infancia señalan la necesidad de que se lleven a cabo los desarrollos normativos necesarios para garantizar la protección integral frente a la violencia de la infancia que la Lopivi ha proclamado.

Llama también la atención que, desde 2016 España no cuenta con un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. Aunque, actualmente se está elaborando la Estrategia Nacional sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Endia) 2030, las organizaciones de infancia señalan que no es justificable que durante seis años España no haya contado con esta estrategia.

Carles López "

Los niños y niñas deben ser un tema prioritario en las agendas políticas

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Otras de las recomendaciones que recoge el informe La situación de la infancia en España 2022 son poner en marcha una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables; garantizar el acceso al comedor escolar a todos los niños y niñas en situación de pobreza; aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio; poner en marcha medidas para priorizar el acogimiento familiar y asegurar que la atención en centros de acogida es el último recurso; garantizar el nuevo procedimiento de evaluación de la edad incorpore los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todos los niños y niñas con discapacidad; o fortalecer los canales estables de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, autonómicas y estatales.

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