El Observatorio de la Convivencia Escolar propone, sin consenso, un mapeo de riesgo de acoso

La recomendación del Observatorio, cuyo Pleno se ha reunido hoy bajo la presidencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, se incluye en la Guía del Coordinador del Bienestar, un protocolo que suma nuevas funciones para esta figura, puesta en marcha este curso en todos los centros con alumnos menores de edad y que se está caracterizando por su dispar implantación en las comunidades.

En un encuentro con la prensa, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha recalcado que para su ministerio las cuestiones relativas al malestar emocional y el bienestar del alumno son hoy la máxima prioridad, entre otras razones por el aumento de estas situaciones a raíz de la pandemia.

Bar ha recalcado que lo «peor» que puede haber en el acoso escolar u otras violencias es el «silencio»: «Lo peor que pueden hacer los centros es taparlo; tienen que abordar estos temas con energía, porque lo que no se visualiza no se puede combatir». «Los protocolos nos tienen que servir para prevenir cada día, no me vale unas jornadas una vez al mes», ha recalcado el número dos de Alegría, que ha admitido que «muchas veces el problema es que se detecta tarde».

A su juicio, aún estamos en las secuelas emocionales de la pandemia y hay que estar «alerta», pues aumentan las conductas depresivas, autolesiones e incluso suicidios y se ha acelerado el tema tecnológico -conductas de acoso enredes, acceso a páginas de fake news, pornografía, es decir, «lo que nos ha salvado el sistema educativo en la etapa dura de la pandemia, tiene su otra cara de la moneda y es que la seguridad en las redes se ha resentido».

Entre las propuestas del Observatorio de Convivencia se pide que cada centro desarrolle un mapeo de riesgos de situaciones conflictivas para determinar la carga de trabajo que tendrá el coordinador de bienestar y protección y, por tanto, el número de horas de dedicación y la conveniencia de contar con una o más personas. Añade además nuevas funciones a las que recoge la Ley de Infancia para reforzar la protección del menor, como elaborar un protocolo con las actuaciones necesarias si se detecta una situación de violencia; fomentar en el alumnado habilidades para responder ante estos casos; crear un canal de comunicación para notificar maltrato; proteger la intimidad de las víctimas y ayudarles a superar las consecuencias académicas, sociales y emocionales.

Sin concretar, el documento explica una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es la dedicación que el coordinador debe tener: «Se trata éste de un asunto delicado y que cada comunidad autónoma deberá resolver para dar una adecuada respuesta a la situación concreta de sus centros, pero resulta evidente que el adecuado ejercicio de las funciones» requiere de una dedicación que debe estar «adecuadamente computada, dentro de su horario». Reconoce, por otro lado, que «en ocasiones» la prevención desde los centros para evitar que aparezcan diferentes situaciones de violencia ejercida contra niños y adolescentes «no resulta efectiva».

Por otro lado, el Observatorio ha elaborado un documento de recomendaciones para abordar iniciativas que contribuyan a la mejora de la ciberconvivencia en los centros docentes, han explicado Bar Cendón y la subsecretaria general de cooperación territorial, Purificación Llaquet. Entre los consejos menciona que los profesores estén al tanto de las redes sociales que utilizan los alumnos y facilitar la recepción de avisos sobre situaciones de riesgo para la ciberconvivencia.

Para 2023, el Ministerio tiene previsto publicar un estudio de indicadores de convivencia.

Comisiones Obreras ha denunciado que, por primera vez, se ha roto el consenso en el Observatorio, donde los sindicatos no han dado su apoyo a los textos aprobados el martes.

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), María Capellán, ha explicado a Efe que su organización votó en contra y presentará un voto particular porque les genera «muchas dudas» sobre cómo se está implantando dicha figura, que la Ley de la Infancia obliga a tener a todos los centros con menores de edad a partir de este curso. «Este coordinador –ha añadido– es muy importante y necesario, pero sus tareas no pueden recaer en cualquier profesor, dar solo unos cursos es insuficiente».

Según ha señalado Rodrigo Seoane, de CCOO, los textos aprobados carecen de los recursos necesarios para aplicar de forma «efectiva» las numerosas recomendaciones incluidas, por lo que toda la comunidad educativa «se abstuvo o votó en contra». El resultado, ha dicho, es que las comunidades autónomas pueden «hacer lo que quieran», a pesar de que el Ministerio «tiene la suficiente capacidad normativa» para establecer unos «mínimos»; el resultado es que lo aprobado en el Observatorio es «papel mojado». Las recomendaciones sobre ciberconvivencia y la guía sobre el coordinador de bienestar no contemplan «más recursos materiales, humanos y formativos» en los centros y en las redes de orientación, ha señalado Seoane, cuyo sindicato presentó un voto particular a lo acordado el pasado día 8.

CCOO propone un incremento en la plantilla de un profesional a jornada completa en cada centro del perfil de servicios a la comunidad, o figura análoga, para asumir la coordinación de bienestar; y otro, para la figura de digitalización. Y lamenta que las administraciones «impidan un debate en profundidad de las necesidades en torno a la convivencia, que debería incluir la necesidad de reducir las ratios en las aulas, la transformación de horas lectivas del profesorado en tiempo destinado a atender la convivencia en el aula, el reimpulso de las redes públicas de formación del profesorado y de la red de orientación, el aumento de personal, la atención a la salud mental del alumnado, etc».

En similares términos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido una mayor inversión educativa y medidas de apoyo al profesorado para hacer efectiva la lucha contra el acoso escolar y otras situaciones de violencia. Según CSIF, lo aprobado en el Observatorio es “de cara a la galería” y no va a suponer cambios significativos en los centros ya que «carecen de acompañamiento económico y no llevan aparejado un refuerzo de personal o la contratación de personal sanitario y asistentes sociales».

Aparte de los ministerios y las comunidades, en el Observatorio están representados, entre otros, los principales sindicatos de la enseñanza, confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales.

El grupo de Vox en el Congreso ha propuesto este martes aprobar una ley y un protocolo nacional contra el acoso escolar y garantizar el anonimato de quien denuncia esta violencia. En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, el grupo parlamentario de Santiago Abascal argumenta que pese a las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Educación en 2016, el acoso escolar no se ha reducido y los afectados siguen teniendo los mismos problemas sin resolver. Este tipo de maltrato, añade, es «causante de múltiples suicidios en España», entre los que menciona el caso de Kira, una niña de 15 años que se quitó la vida en 2021 tras ser acosada en la escuela.

La iniciativa insta al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley que regule de forma específica e integral al acoso escolar; establecer un protocolo de ámbito nacional contra esta práctica e impulsar mecanismos que ayuden a identificarla. En este sentido, subraya, «pueden ser especialmente relevantes la introducción del anonimato en el denunciante y el fomento de medidas de comunicación y apoyo entre el centro docente y la familia del acosado y, también, con la familia del acosador».

En la exposición de motivos de su propuesta, Vox recuerda las noticias que constantemente aparecen en la prensa sobre nuevos casos de acoso «en los que ni los centros educativos ni las autoridades responsables han sido capaces de resolver conforme a los derechos del menor acosado». Pese a que este tipo de violencia no es nuevo, «la rebaja en la edad de acceso a las nuevas tecnologías ha traído consigo nuevas formas de acoso escolar, todas ellas relacionadas con el uso de servicios de mensajería instantánea o redes sociales», agrega.

Un aspecto que considera especialmente intolerable es el acoso a personas con algún tipo de discapacidad: «Un 80% de los menores discapacitados han sido víctimas de alguna forma de acoso escolar. Resulta interesante ver cómo el 90% de estos casos se producen en la educación ordinaria mientras que el 3% en la Educación Especial»

«Otra cara de esta lacra social –concluye– es la que se produce en los territorios donde existe una importante hostilidad contra la lengua castellana, los símbolos nacionales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ya se han registrado casos de acoso escolar en comunidades como Cataluña contra menores que hablan en español y son hostigados en sus centros educativos».