La escuela concertada de Cataluña acoge a uno de cada tres alumnos con necesidades especiales

Estos datos se ofrecen en el informe Catalunya Social que ha presentado este martes en rueda de prensa en Barcelona la Mesa del Tercer Sector y la Plataforma de Infancia de Cataluña sobre el Decreto de Escuela Inclusiva, elaborado por la periodista Núria Martínez, profesora asociada a la Universidad Oberta de Cataluña. El documento analiza la aplicación del decreto de escuela inclusiva, aprobado en 2017 en Cataluña y que tiene como finalidad asegurar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos dentro del ámbito de la enseñanza no universitaria sean inclusivos.

Las principales carencias que detecta el estudio a la hora del despliegue del citado decreto son la falta de recursos económicos y humanos en los centros educativos, que los edificios y los materiales no son 100% accesibles y que las escuelas de educación especial no se están convirtiendo en centros proveedores de servicios y apoyos a los centros ordinarios, tal y como se preveía en el decreto.

La aplicación del decreto «continúa siendo insuficiente» porque «los centros no disponen de los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, para desplegarlo correctamente», añade. Así, según datos del informe que tienen como fuente el Departamento de Educación, el incremento previsto desde el curso 2017-18 hasta el curso 2020-21 había de ser de 142 millones de euros, cuando el incremento real en actuaciones del decreto ha sido de 117,5 millones, es decir, 24,5 millones menos de los previstos.

La Consellería asegura que el aumento real de gasto en educación inclusiva, más allá del decreto, ha sido de 264 millones de euros, se señala en el informe. En el mismo se afirma que «una de las principales quejas de la comunidad educativa es la falta de transparencia en la distribución de los recursos del decreto porque no se disponen de datos para medir y evaluar su despliegue y porque, por tanto, no hay la posibilidad de ordenarlos o redistribuirlos en función de las necesidades reales».

También se constata que el alumnado con necesidades educativas especiales «está sobrerrepresentado en los centros públicos e infrarrepresentado en los concertados, en contra de la política contra la segregación escolar».

Desde el curso 2016-17 hasta ahora la escuela pública tiene matriculado el 70,15% de los alumnos con necesidades educativas especiales mientras que en la escuela concertada este porcentaje es del 27,46%, «a pesar de que estos centros tienen un 55% de la financiación pública», ha apuntado la Mesa del Tercer Sector Social. El decreto prevé que todos los alumnos se escolaricen en centros educativos ordinarios, excepto en casos muy excepcionales, una situación que no se da cinco años después de la aprobación de la norma, según se indica en el informe. Así, «el número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizado en centros de educación especial no ha parado de crecer desde que se aprobó, en números absolutos».

De los 5.143 alumnos el curso 2016-17 se ha pasado a 6.153 el curso 2021-22, aunque en porcentaje ha pasado del 16,88% al 15,54% los citados cursos, respectivamente, «una reducción insuficiente», se considera en el estudio presentado hoy.

La Mesa ha propugnado que para que la escuela inclusiva sea una realidad en Cataluña es necesario aplicar un plan de choque, garantizar la accesibilidad universal a los centros educativos para que estos sean entornos verdaderamente inclusivos, adaptarlos a todo el mundo y formar a la toda comunidad educativa y no solo a los profesores sino a las familias, personal de comedor, equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógicos y en todas las etapas educativas.

Más inclusión en la escuela concertada, en las etapas posobligatorias y en las actividades de ocio, cambios en el sistema de evaluación, «menos rígido y más personalizado», y también en los horarios y en el calendario escolar en función de las necesidades de las familias o del alumnado son otras reclamaciones.

También se denuncia en el informe que la escuela inclusiva y las escuelas de educación especial no están distribuidas en todo el territorio catalán por lo que «si un alumno quiere ir a una escuela ordinaria verdaderamente inclusiva, lo más probable es que no la tenga cerca de casa, y esto genera de nuevo una discriminación porque no puede escoger el centro que más le conviene dentro de su zona».