El Consejo de Ministros aprueba el decreto de becas, con un aumento de las cuantías
Pedro Sánchez en un fotograma del vídeo que ha grabado con alumnos becados.
El pasado día 18, sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el reparto de 2.520 millones de euros en becas, la cifra más alta hasta la fecha y que llegará a más de un millón de jóvenes. Esta cantidad representa el 40% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Según Sánchez, el Ejecutivo invierte hoy 1.000 millones de euros más que en el último Gobierno de Mariano Rajoy, con lo que la subida de becas en este periodo ha superado el 70%. Respecto al año pasado se registra un aumento del 18% más.
Entre las principales novedades que introduce de cara al año académico 2023-24 figura la concesión de una ayuda universal (sin umbral de renta) a los alumnos con necesidades educativas específicas y el aumento de la beca que reciben los jóvenes que estudian fuera de su casa, al pasar de los actuales 1.600 euros a 2.500 euros. El objetivo de esto último es facilitar que los alumnos puedan continuar sus estudios en una localidad distinta de la propia, con especial incidencia en familias de entornos rurales y de la España vaciada, cuyos hijos e hijas tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para poder cursar enseñanzas postobligatorias.
No tendrán que cumplir ningún umbral de renta aquellos estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato con necesidades específicas de apoyo educativo que el próximo curso quieran acogerse a un nuevo subsidio universal con un importe de 400 euros al año. Ello se justifica por el hecho de que las familias con hijos que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para atenderles, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario.
Por otra parte, el real decreto mantiene el adelanto de las convocatorias iniciado el año pasado y que supone avanzar cuatro meses las solicitudes de becas, que se iniciarán el próximo mes de marzo.
Por otro lado, la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros quiere alinear el sector con los estándares europeos, dar mayor autonomía a los centros y equiparar los estudios artísticos superiores con los universitarios. Una vez concluya la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, el Gobierno habrá concluido la reforma de todo el sistema educativo (ley Celaá o Lomloe, ley de Formación Profesional, Ley Orgánica del Sistema Universitario y ley de la Ciencia) en una legislatura.
La nueva regulación abarca a un sector cuantitativamente pequeño y muy heterogéneo: 689 centros públicos y privados, 14.000 docentes dependientes de las Administraciones educativas y 140.000 estudiantes. Su intención es mantener las características de las enseñanzas artísticas, pero al mismo tiempo acercar las superiores al modelo de las universitarias, que también conducen a titulaciones equivalentes, y las profesionales a la nueva Formación Profesional.
Además, pretende garantizar al estudiantado una formación artística de calidad y la adecuada cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes audiovisuales, la conservación y restauración de bienes culturales y las artes plásticas y el diseño. Otro de sus objetivos es facilitar que los profesores puedan compatiblizar su carrera profesional con la docencia y que puedan dedicar más tiempo a la investigación; que los centros que lo deseen se adscriban a una universidad y creen lo que se denomina «Campus de las Artes», es decir, agrupaciones de centros de distintas enseñanzas y niveles.
El sector llevaba tiempo reclamando un marco normativo estable, integrado y claro, que respondiese a los nuevos requerimientos. Hace unos días, el presidente de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, Pablo Iglesias, explicó en el Congreso de los Diputados que los conservatorios y escuelas superiores dependen de una normativa que a efectos prácticos equipara su funcionamiento a la de los institutos. Por ello consideró «inaplazable» que la nueva ley establezca un marco equiparable al universitario y que se les permita disponer de la autonomía necesaria de la que ahora carecen para firmar convenios de colaboración en el ámbito público y privado.
