¿Se lo decimos o no?

El punto del Código Civil catalán que obliga a los padres a decirles a sus hijos que son adoptados ha sido criticado por ciudadanos y expertos. Aunque todos coinciden en la conveniencia de informar al niño, muchos consideran la medida estatista y creen que debe primar el sentido común de los padres en cada caso concreto.

El cariño y el sentido común rompen las barreras que podrían encontrar tres niños rusos en una familia sevillana. María Jesús adoptó hace cuatro años a dos niñas de cuatro y tres años de edad. Dos años después llegaría un niño de dos. En casa siempre se ha hablado con normalidad del asunto. “El más pequeño aún no se entera, pero las mayores ya tenían conocimiento cuando las adoptamos y saben que vienen de Rusia; pero la palabra adopción hay que ir explicándola poco a poco”, cuenta María Jesús.

Sentido común
Una tarea compleja que sólo se puede acometer con paciencia y serenidad: “Cuando empezaron a preguntar si ellas también estuvieron dentro de la barriga de mamá, les explicamos poco a poco que las tuvo una madre en Rusia que no podía cuidarlas y nos pidió que por favor lo hiciéramos nosotros”, explica María Jesús. A estas alturas, ya asumen con naturalidad que tienen dos madres; ahora falta que lo maduren. Pero María Jesús está preparada: “Sobre todo, hay que estar pendientes de ellos, de lo que te cuentan”.

La clave es el sentido común y la responsabilidad aplicada al caso concreto. Por eso a María Jesús no le suena bien el punto del nuevo Código Civil de Cataluña que obliga a los padres a explicar a sus hijos su condición de adoptados. “Yo también creo que hay que decírselo desde el principio, pero el Estado no es quién para obligarte a hacerlo ni para decirte cómo”.

Intromisión injustificada
Opinión que comparten los expertos. Según Gerardo Aguado, profesor de Psicología de la Universidad de Navarra, “está bien que se legisle sobre todo aquello que implica el bienestar de los menores frente a abusos y negligencia, como la pensión alimentaria, pero en lo de la adopción es una intromisión totalmente injustificada en la libertad y en la vida privada de las personas”.

Aguado es firme partidario de informar a los niños: “Me parecería una tontería, que probablemente haría daño al niño, mantener una especie de conspiración de silencio ante ese hecho”. Pero la clave está en cómo hacerlo. Para empezar, hay que esperar a la edad apropiada, siempre antes de la adolescencia. “En esa etapa, los muchachos se ponen dramáticos con todo lo que les pasa, sus juicios suelen ser contundentes e ‘inapelables’ y, como las relaciones con los padres se tiñen de cierta conflictividad, no sería el momento apropiado de introducir en las relaciones una variable que, seguro, se iba a dramatizar”, explica Gerardo Aguado. En cambio, en una etapa anterior, incluso bastante antes de que cumpla los 12 años, “el niño recibe la información sin que se alteren sus relaciones que, impregnadas de autoridad cálida, cuidado, contacto afectivo (incluso físico, algo mucho más improbable en la adolescencia), son seguras”.

Incluso no estaría mal celebrar dos cumpleaños, el biológico y el de ser hijo realmente. “Normalmente es una información que el niño incorpora a su bagaje vital y se diluye fácilmente como una experiencia más no recordada, de las muchas que tiene”, concluye Aguado.

Modelo nórdico
Las medidas sobre la adopción del Anteproyecto de Ley del Libro II del Código Civil de Cataluña, aprobado en diciembre por la Generalitat, han despertado una fuerte polémica. Mientras buena parte de ciudadanos y expertos denuncian lo que consideran un estatismo controlador, el Gobierno catalán argumenta que la nueva legislación sigue el modelo de los países nórdicos y las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Pero la medida acarrea dudas de orden práctico. ¿Cómo se sancionará a los padres? ¿Qué criterio se considerará para decidir la edad en la que el niño debe saber su condición? ¿Qué método se deberá utilizar para explicárselo? Incógnitas que los jueces tendrán que ir resolviendo caso por caso, hasta crear una jurisprudencia.