Profesores bajo sospecha
Proteger a la infancia de sujetos indeseables. Con esta premisa, el Gobierno británico se propone crear un archivo que incluya a todo aquel que desempeñe tareas remuneradas o voluntarias con niños. La medida afectará a uno de cada cinco adultos.
Profesores y cualquiera que trabaje en el ámbito educativo, pero también médicos, enfermeras, entrenadores deportivos y un largo etcétera. Incluso padres y madres implicados de manera frecuente en actividades de voluntariado escolar. A partir del próximo verano, todos tendrán que demostrar que su pasado no proyecta una sombra de amenaza latente sobre la infancia británica.
Un nuevo registro con nada menos que unos nueve millones de nombres (el 20% de la población adulta) servirá como filtro. Para inscribirse en él, los candidatos deberán acreditar una hoja de antecedentes limpia de determinados delitos. Más allá de la evidencia (pederastia, actos violentos de carácter grave), impera la confusión y la ausencia de criterios claramente definidos.
La propia Autoridad Independiente de Protección (ISA en sus siglas en inglés), encargada de elaborar el registro, admite que se reserva un amplio margen de discrecionalidad para casos concretos. Su presidente, Roger Singleton, ha llegado a asegurar que está previsto utilizar información secreta de la policía aunque no haya conducido a proceso judicial alguno, menos aún a una condena firme del aspirante.
RECHAZO
La iniciativa se ha topado con el rechazo frontal de la comunidad docente. El pasado diciembre, las asociaciones de directores más representativas del país enviaron una carta al ministro de Educación, Ed Balls, criticando la “desproporción” de una medida que añade “burocracia excesiva” sin “garantizar la seguridad de los niños”.
Los firmantes aseguraban que la obligación de figurar en la lista, para los padres que colaboran voluntariamente en actividades extraescolares, disuadiría a muchos de ellos de seguir haciéndolo. Poco después, Singleton anunció algunos cambios sobre el plan original, a reseñar la consideración de “contacto frecuente” con niños como “al menos una vez a la semana” en lugar de una vez al mes. Aunque insuficiente, los directores tildaron la rectificación como una muestra de “sentido común”.
¿Y EN ESPAÑA?
Preguntado sobre la posibilidad de importar un esquema parecido a nuestro país, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa), Pedro Rascón, lo cree “poco probable” ya que para él se trata de una medida “que se entiende dentro de la mentalidad de las sociedades anglosajonas, más encerradas en sí mismas, con menos contacto con el entorno”. “Aquí”, añade, “nos tomamos estas cosas de forma más relajada”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, ve con buenos ojos este tipo de registros siempre y cuando se limiten a observar “sentencias firmes de delitos sexuales o violentos. El peligro radica en la posibilidad de que las administraciones se excedan al hacer un juicio paralelo que vulnere el derecho a la intimidad de las personas”.