Díaz sella con los sindicatos el 'Estatuto del Becario' para "atajar la precariedad en las prácticas"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una comparecencia ante los medios.
En el acto de la firma del acuerdo, del que la patronal CEOE se ha descolgado, Díaz ha destacado que se «da luz a zonas en las que se permitían todo tipo de abusos» y se establecen los derechos y obligaciones necesarias para expulsar del sistema las «prácticas fraudulentas». El acuerdo «permite cerrar el círculo de la formación de calidad y el empleo digno para las personas jóvenes», ha destacado Díaz. «Se ha acabado el tiempo de usar a los jóvenes como de usar y tirar (…) como asalariados fantasmas», ha subrayado la vicepresidenta segunda, que ha lamentado la ausencia de la patronal en el acuerdo.
La CEOE se descolgó al considerar que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas y que deberá aprobar la diputación permanente previo paso por el Consejo de Ministros. Precisamente sobre este punto, los líderes de UGT y CCOO han pedido a los grupos políticos que apoyen este acuerdo que busca acabar con la precariedad en las prácticas. «Queremos dejarlo cerrado en la legislatura», ha pedido el líder de UGT, que ha celebrado el acuerdo, pero ha lamentado también que la patronal no se haya sumado. Por el momento, los habituales socios del Gobierno, como ERC o Bildu, no han cerrado su postura sobre el tema.
«Las prácticas no deben ser una excusa para el abuso o para cubrir puestos de trabajo», ha defendido el secretario general de CCOO, que ha criticado la posición de los rectores en este acuerdo. La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha considerado que el acuerdo «pone en peligro las prácticas que forman parte de nuestros planes de estudio». «La falta de suficiente financiación del sistema universitario no puede tener como consecuencia unas becas fraudulentas», ha añadido Sordo.
«Los que dicen que con este estatuto se acaban las prácticas quieren seguir con la precariedad», ha criticado también el secretario confederal de Juventud de CCOO, Adrià Junyent. «Caerá sobre un mazazo sobre los que cometían abusos», ha incidido el portavoz confederal de RUGE (Revolución Ugetista), Eduardo Magaldi.
La norma será aplicable a la formación vinculada a grados del sistema de Formación Profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias. El objetivo, destaca Trabajo en una nota, es otorgar seguridad jurídica a las distintas partes «ampliando y garantizando los derechos reconocidos» mediante las competencias que se atribuyen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un régimen sancionador específico. Así, será obligatorio suscribir convenios o acuerdos de cooperación y planes formativos individuales precisos, se fija un máximo de becarios por empresa y se deberán respetar los límites y descansos aplicables a las personas que presten servicios en la empresa, entre otras medidas.
Subirats admite que podría aplazarse la entrada en vigor
El ministro de Universidades, Joan Subirats, asegura que se está estudiando cómo compatibilizar la componente laboral y formativa de las prácticas externas y admite que el plazo del 1 de octubre «genera ciertas complicaciones», por lo que se trabaja en un calendario que «permita cierto aplazamiento para que se pueda poner en marcha». El ministro se ha referido así, en Benicàssim (Castellón), al Real Decreto Ley 2/2023 que establece la obligatoriedad de dar de alta en el sistema de la Seguridad Social a los alumnos en prácticas formativas y prácticas académicas externas a partir del 1 de octubre y al ser preguntado por el Estatuto del Becario promovido por el Ministerio de Trabajo y firmado este jueves con los sindicatos UGT y CCOO. El Consejo de Ministros debe aprobar ahora la norma que tendrá que ser convalidada por la diputación permanente del Congreso, dado que el pleno está disuelto ante la convocatoria de las próximas elecciones generales del 23 de julio.
Subirats ha hecho estas declaraciones en el primer curso de la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) titulado «Universidad y Territorio», y donde ha participado en su inauguración junto a la rectora de la UJI y presidenta de CRUE, Eva Alcón. En estos momentos, según el ministro, «debemos discutir dos cosas: por un lado la importancia que pueda tener las prácticas que hacen los estudiantes en entidades y empresas que puedan tener un cierto reconocimiento y de cotización en la Seguridad Social, que son básicamente formativas pero también tienen un componente laboral, y por otro cómo compatibilizados ambas cosas», algo en lo que, asegura, se está trabajando.
El ministro ha señalado que es «evidente» que el plazo del 1 de octubre «genera ciertas complicaciones de puesta en práctica porque representa un cambio muy sustantivo». Por tanto, «lo que estamos trabajando con el Ministerio de Inmigración y Seguridad Social, el de Universidades y la CRUE –ha dicho– es para ver si podemos, al mismo tiempo que generamos un calendario para que esto se pueda poner en práctica, que ese calendario permita un cierto aplazamiento de la puesta en vigor de la norma para facilitar que esto sea posible».
