La Educación necesita mejorar. Carta abierta al futuro gobierno de España

A lo largo de la democracia, dos ocasiones ha tenido la derecha para revertir estos efectos. La primera mediante la Ley de Calidad de 2002, una buena ley en aquel momento, que, tras el atentado de Madrid en 2004, fue inmediatamente paralizada por medios poco ortodoxos por el Partido Socialista tras recuperar el gobierno. La segunda, al obtener en 2011 una mayoría absoluta que difícilmente se repetirá en este país, con la Lomce, que fracasó por no aplicar el programa electoral que le llevó al gobierno, medida que obligó a sus propios autores a desmontarla.

Nos encontramos ahora ante la posibilidad de un nuevo cambio en el futuro gobierno de España, a juzgar por los resultados de las pasadas elecciones de mayo y las numerosas encuestas que pronostican ese cambio. De confirmarse, el gobierno entrante no puede permitirse fallar de nuevo. Eso sería el fin de cualquier esperanza de mejora del sistema educativo.

Con el fin de contribuir a impulsar un nuevo rumbo para la Educación, un grupo de profesionales de la escuela pública considera necesario plantear algunos temas de gran relevancia para el éxito de cualquier programa educativo y que deberían ser objeto de especial atención como son el programa electoral al que posteriormente hay que dar cumplimiento, los destinatarios a los que se dirige, la estructura administrativa, la política de nombramientos, y las políticas educativas a desarrollar.

Cualquier programa electoral debe ser sencillo, realista, con objetivos generales orientados a la actualización, a la modernización, a la internacionalización y al futuro, y con propuestas sensatas, coherentes, basadas en la experiencia y en la evidencia, que consigan en la medida de lo posible ilusionar a los docentes, responsables en última instancia de aplicarlas.

El Partido Popular ganó las elecciones en 2011 con unas propuestas en materia de Educación que contaron con el apoyo de un gran sector del mundo educativo. Comparado con ese, el programa actual resulta “insuficiente”. Aunque intenta incluir medidas propias del modelo educativo defendido hace años, deja fuera propuestas que sus máximos responsables deben considerar “conflictivas” y por lo tanto prescindibles. Un error que deberá corregir en el futuro.

Es hora de superar complejos. El sistema educativo español necesita una reforma seria y en profundidad y eso no se consigue con parches.

Aunque en el pasado no fuera capaz de aplicar las medidas propuestas, si llega de nuevo al poder, el Partido Popular tiene la obligación de recuperarlas, de modernizarlas y de aplicarlas. Si no lo hace, no solamente no se conocerán sus efectos, sino que renunciará a mejorar nuestro sistema educativo.

La izquierda se ha empeñado en mantener un modelo que no funciona. Sin embargo, la derecha ha demostrado en algunas comunidades autónomas que ha sido capaz de desarrollar políticas educativas que han beneficiado y mejorado la Educación, especialmente el sector público, y debería esforzarse por poner fin a la creencia –generada a base de mensajes repetitivos de la izquierda– de que solamente gobierna para un sector y en contra de otro. Las políticas educativas deben atender a todas las opciones educativas, aunque debe centrarse de manera especial en la escuela pública, que representa cerca del 70% del total y cuya mejora eleva el nivel general del sistema.

Otro error que conviene evitar es el que afecta a la estructura de las administraciones. Tras cada elección, nada más tomar posesión de los puestos de mando, se diseña de manera precipitada la estructura que va a configurar y ordenar el funcionamiento de una determinada administración. Los “expertos” que realizan esa función, raramente conocen las necesidades propias del ministerio o la consejería de turno, y en numerosas ocasiones se aprueban estructuras que dificultan, cuando no imposibilitan, la definición, la aplicación y el desarrollo de las políticas educativas.

Como se observa en muchas regiones, el reparto de funciones y competencias suele crear solapamientos e incluso incompatibilidades que impiden dotar a una administración de la agilidad necesaria para desarrollar adecuadamente sus políticas y reaccionar ante cualquier situación imprevista. Una estructura administrativa ordenada es fundamental para que, al margen de la bondad o la eficacia de las medidas, estas se puedan aplicar de manera adecuada.

El cuarto punto tiene que ver con la política de nombramientos. A cada uno de los puestos que compone la estructura de una administración le corresponde un determinado perfil. Sin embargo, resulta cada vez más difícil asegurar esa relación y se percibe que la política de nombramientos se rige cada vez menos por criterios de mérito y capacidad, y más por decisiones arbitrarias, políticas o por compromisos.

Del mismo modo que no permitiríamos que alguien que no fuera piloto se pusiera al mando de un avión o que alguien que no fuera cirujano nos operara, habría que evitar que alguien que no sea experto en el área que deba gestionar, se pusiera al mando de la misma. Lo contrario supone no solamente un riesgo para el buen funcionamiento del sistema y la necesaria atención al mismo, sino que denota una falta de interés por un sector determinado, en este caso la Educación.

La Educación es un ámbito muy sensible para la vida de las personas y ponerla en manos de inexpertos suele conducir al fracaso. Si de verdad se desea su mejora, convendría evitar repetir errores.

Finalmente, las políticas educativas, que son las que van a marcar la nueva hoja de ruta, deben exponerse claramente. Pretender corregir la corrección de una ley corregida (Lomloe) no parece ser lo que nuestro país necesita, especialmente cuando se sabe que cualquier corrección o modificación que se realice a la actual ley no será más que una chapuza con limitadas o nulas posibilidades de éxito y consolidará la permanencia de un modelo que impide la mejora de la escuela pública, es decir el modelo Logse, LOE y Lomloe. La actual ley difícilmente puede ser parcheada. Lo razonable es sustituirla rápidamente por un modelo educativo que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad actual.

Esas políticas educativas deben explicar claramente el modelo que se persigue y se propone que contengan propuestas que rompan la inercia del sistema, que tiendan a modernizar la estructura del sistema, eliminar el título de la ESO, establecer un Bachillerato de tres años, crear un Bachillerato profesional, sustituir la EBAU por una prueba nacional de Bachillerato, profesionalizar la dirección escolar, poner en marcha un sistema de evaluaciones externas, diseñar una verdadera carrera profesional que comience con un sistema de acceso regulado por un MIR educativo, extender la Educación hasta los 18 años para combatir el abandono educativo temprano, crear un cuerpo de Alta Inspección, además de renovar y reducir los currículos, fomentar la autonomía de centro, reducir la burocracia, reforzar la autoridad del profesor, y todo ello escuchando a los docentes que, sin duda, apoyarán cualquier medida seria y sensata.

Estas son algunas de las propuestas que se plantean y que dan una idea del trabajo que le espera a un gobierno que quiera mejorar la Educación en este país.

El nuevo gobierno cuenta con ideas y gente preparada. ¿Será esta vez capaz de hacerlo?

Xavier Gisbert, Mª José Martínez de Lis y Javier Aparicio pertenecen al colectivo Educación Siglo XXI