El sindicato CCOO cifra en 1.000 millones la inversión para crear las 300.000 plazas de FP necesarias
Es una de las peticiones del sindicato a las administraciones públicas en su informe ¿Es suficiente la financiación de la FP?, en el que analiza la eficacia de la inversión pública para garantizar el derecho a la Educación y la formación.
Según la estimación del Ministerio de Educación y FP a comienzos del curso 2022-23 unas 1.092.317 personas estaban matriculadas en la Formación Profesional inicial, lo que supone una variación del 5,6% respecto al curso anterior, es decir, 58.371 personas más. El citado curso, un 68,9 % del alumnado matriculado en Formación Profesional estudiaba en centros públicos (752.606 personas), mientras que el 31,1% (339.711 personas) lo hacían centros de titularidad privada. Los porcentajes varían mucho según la etapa, la modalidad y, sobre todo, según la comunidad autónoma, precisa el sindicato.
Además, lamenta que, a pesar de que Educación transfirió fondos a las comunidades para crear 200.000 nuevas plazas de FP, en el curso 2020-21, apenas se financiaron 130.000 plazas, con una matrícula pública de 11.741 estudiantes y de 36.774 en la privada. Este dato pone de manifiesto –asegura CCOO– que hay más de 300.000 personas que pagan por una titulación de FP en centros privados, mientras otros miles se quedan cada año sin plaza pública de FP y sin acceso a un derecho reconocido por la Constitución y la Lomloe. Además. el informe advierte de que las partidas presupuestarias para crear las 200.000 nuevas plazas no son suficientes para dotarlas de personal docente y no cubren otros gastos imprescindibles, como equipos, materiales y construcción de nuevas edificaciones, factores por los que apenas se consiguió cumplir con un 65% de la planificación original.
Para modernizar la FP, el sindicato reclama también definir y regular su modelo de financiación, dotarlo de un presupuesto y oferta suficiente, así como la mejora de equipamientos públicos. En este sentido, sugiere abrir los institutos durante las tardes o adscribir escuelas para personas adultas y otros servicios educativos a la FP para mitigar el alto coste económico que suponen las nuevas edificaciones y el suelo en las grandes ciudades.
