La AEB ve "inconstitucional y totalitario" el proyecto para reforzar el modelo lingüístico catalán
La AEB ha presentado ante el Departamento de Educación sus alegaciones contra el proyecto hecho público el pasado mes de julio y solicita su retirada ante la evidencia de que «es claramente inconstitucional y una norma con perfiles totalitarios». Esta entidad ha avanzado que aportará el proyecto y las alegaciones presentadas a la queja abierta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta ante la próxima misión en Cataluña de esta institución.
La Asamblea considera que el proyecto «rompe de forma expresa el patrón constitucional de igualdad estructural de las lenguas cooficiales al excluir el carácter oficial y, por tanto, vehicular del castellano, y establece las condiciones concretas de preferencia exclusiva del catalán en normas reglamentarias sobre el uso de las lenguas cooficiales y los proyectos lingüísticos». A su juicio, la nueva normativa «impone de forma rotunda el monolingüismo catalán con exclusión palmaria del castellano y utiliza la lengua como herramienta de exclusión con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias».
«Impone la inmersión obligatoria en catalán a los alumnos de habla castellana –añade–, vulnera el derecho de los docentes al uso vehicular de la lengua castellana, y establece el catalán (con la excepción del aranés en Arán) como única lengua vehicular», y también para aprender materias no lingüísticas, entre otras medidas. La AEB concluye que «el castellano queda reducido a la condición de lengua extranjera» y denuncia un «control político del monolingüismo catalán en las instituciones docentes, y condicionamiento mental y conductual de los docentes aplicado a todos los resortes del sistema educativo».
Resume la AEB que se trata de un régimen lingüístico que «establece un sistema anticonstitucional y excluyente que instrumentaliza desde el poder político la vida escolar y su capacidad profesional con efectos perjudiciales en las libertades ciudadanas y en los derechos lingüísticos y educativos de los alumnos, limitando sus posibilidades de éxito académico con efectos en su carrera», por lo que concluye que es «una norma de perfiles totalitarios.