Andalucía financiará a las universidades públicas por resultados y no por reparto

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el titular de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado de que este sistema no compromete la financiación de las diez universidades públicas porque se recoge una clausula de salvaguarda que garantiza la financiación del año anterior y los incrementos salariales que se acuerden para el sector público. No obstante, ha aclarado que «no se puede generar como en el pasado una deuda de la Junta con las universidades de más de 800 millones» y ha añadido que «no se puede seguir invirtiendo el dinero sin tener claro el retorno de los fondos y la política de la comunidad».

Villamandos ha asegurado que este nuevo modelo, consensuado con los rectores y con los consejos sociales, no supone un recorte de la financiación a las universidades, que la tienen garantizada, sino que la diferencia con el anterior estriba en que se establecen indicadores que deben cumplir para poder usar esos fondos con una política consensuada con la Consejería mientras que antes se dejaba «al albur» de estas instituciones. Además, ha incidido en que este modelo acaba con el período de incertidumbre desde que en 2011 finalizó el anterior modelo que había establecido un «reparto desequilibrado y arbitrario entre las universidades» y el cambio abordado en la anterior legislatura del PP «generó disfuncionalidades en su aplicación».

El nuevo diseño pivota en la financiación básica armonizada para cubrir los costes de funcionamiento y de los servicios del sistema, la financiación por resultados, financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. La financiación por resultados se articula a través de los contratos programa que recogerán objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión, como la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal, iniciativas de apoyo al estudiantado, la atención a la diversidad, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación.

Se concertarán anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus particularidades. La financiación de nivelación se orientará a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores, y en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida las iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. La Consejería destinará a este capítulo 14 millones hasta final de año.

Además, el nuevo modelo de financiación establece que estas instituciones procurarán incrementar gradualmente estas fuentes propias hasta llegar al menos al 30% de la financiación, si bien en el caso de la UNIA ese límite se situará en el 15%. Asimismo, el modelo contempla la aprobación de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras que se llevarán a cabo con fondos no vinculados al modelo de financiación y para ello la Junta podrá autorizar a las universidades el uso de remanentes de tesorería no afectados con un límite máximo de 20 millones para todo el conjunto.

Estos planes comenzarán a aplicarse a partir de 2024, tras la finalización este año del actualmente vigente, y su desarrollo estará enfocado a intervenciones para mejorar los equipamientos e infraestructuras con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, además de a actuaciones de transformación digital y tecnológica.

El grueso de la financiación de la que disponen las universidades públicas se nutre, principalmente, de las transferencias de la Administración regional, que representan en torno al 75 % de sus cuentas, y se emplea, sobre todo, a pagar salarios y costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como a sufragar su actividad docente e investigadora. El porcentaje restante equivale a ingresos adicionales derivados de las tasas de matrículas que cobran de sus enseñanzas propias, de las inyecciones recibidas de la Unión Europea y de otras administraciones o de transferencias de entidades privadas, herencias, legados y donaciones. También se encuadran en este apartado las aportaciones procedentes de actividades de mecenazgo y de su patrimonio.

La partida de la Junta de Andalucía destinada este año a las universidades públicas es de 1.620 millones de euros para financiación básica y entre 2018 y 2023 la dotación se ha incrementado el 18,2%, un esfuerzo presupuestario que permite a Andalucía liderar la clasificación de las regiones que más gastan en educación superior, con un 1% del PIB. Además, en ese periodo la Junta ha autorizado a las universidades un plan de inversiones de infraestructuras por valor de 165 millones hasta 2023 y ha satisfecho la deuda de más de 800 millones contraída en años previos a 2019.

La Junta de Andalucía pondrá un marcha, dentro de sus competencias, un servicio de inspección de las universidades privadas en esta legislatura, ha anunciado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, el consejero ha defendido la calidad de las universidades privadas a las que se le exigen los mismos criterios que a las públicas y también se verifican los títulos en las mismas condiciones en ambas instituciones. Además, las privadas tienen que reportar a la Consejería anualmente una memoria de actividades y en este sentido ha avanzado la voluntad de la Junta para poner en marcha un servicio de inspección para vigilar el cumplimiento de sus actividades.

El consejero ha elogiado el papel que desempeñan las universidades privadas ya que no solo no perjudican a las públicas sino que fomentan la competencia y ha puesto de ejemplo la Loyola en Córdoba y la universidad pública de Córdoba.