CCOO y Podemos critican la "falta de plazas" en la Formación Profesional
En un comunicado, CCOO ha considerado que esa «falta de plazas» supone un «grave perjuicio para el acceso de los más jóvenes al mercado laboral» y ha pedido «más inversión» en la FP. El sindicato ha anunciado que ha pedido una reunión a la Consejería de Educación para solicitar una mejora de la oferta y las dotaciones materiales y humanas en los centros educativos o la oferta de FP del sistema educativo en todos los institutos de Cantabria.
En otro comunicado, Podemos ha cifrado en 600 personas «las que se han quedado sin plaza» y ha pedido al Ejecutivo que «dé una adecuada respuesta a la demanda social de FP existente». Tanto Podemos como CCOO han denunciado también «las acampadas que se han producido en las puertas de los centros, porque se adjudican las vacantes sobrevenidas por riguroso orden de llegada». «Tenemos que ofertar plazas suficientes y, sobre todo, tratar con dignidad a las personas que quieren acceder a una de estas plazas», ha considerado la responsable de CCOO en Enseñanza, Conchi Sánchez.
CCOO estima que el curso ha comenzado con un déficit de 300 trabajadores en los centros de Infantil y Primaria de Cantabria (28.493 en los de toda España) y lamenta que la temporalidad se siga manteniendo, e incluso aumente hasta más del 50% ante el incumplimiento de las ofertas de empleo público. Así lo ha manifestado el representante educativo de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, Héctor Adsuar, en rueda de prensa en la que ha lamentado que de los 33.323 efectivos que se añadieron a la vuelta de la presencialidad tras la pandemia, se habrían mantenido o «recuperado» 22.296 y eliminado 11.027. Además, ha denunciado que para conseguir el objetivo del 8% de temporalidad en el sector docente, faltan 18.360 plazas entre las aprobadas (las ejecutadas este año, las del próximo y las de reposición que están pendientes de aprobarse y ejecutarse).
«Desprotección» de la Pública
Respecto al curso 2017-18, el sindicato considera que el porcentaje de alumnado escolarizado en la Pública permanece bastante estable, con diferencias muy llamativas entre comunidades, que ponen de manifiesto que se están protegiendo los intereses económicos de la gestión privada y no a los centros públicos. «Desde gobiernos regionales aprovechan la disminución del alumnado para reducir la educación pública», ha lamentado el secretario general de la Federación de Enseñanza, Paco García. Así, aunque el alumnado desciende aproximadamente en la misma medida en ambas redes, y siendo incluso algo superior en la privada-concertada, las unidades se suprimen en la pública. A nivel estatal el alumnado en centros de Infantil y Primaria públicos desciende un 7,06% y las unidades en esos mismos centros un 2,51%. Sin embargo, en los centros privados-concertados, con un descenso del 7,45 % del alumnado, no pierden apenas unidades, solo un 0,13 %.
«Si no se toman medidas globales estructurales para fomentar la enseñanza pública, esta tendencia seguirá avanzado en el sistema educativo y pasará a la secundaria», ha alertado Hector Adsuar y añade que «la escuela pública es la que más fomenta una educación de calidad para todos».
Propuestas
En este sentido, CCOO reclama una bajada de ratios para poder atender al alumnado con necesidades especiales, un 75% de ellos escolarizados en la pública. Para ello, proponen que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo cuenten doble a afectos de la ratio de su grupo, lo que supondría un incremento del profesorado en torno a 34.717 trabajadores.
Insiste también el sindicato en la necesidad de prevenir, intervenir y hacer un seguimiento de los problemas de convivencia y emocionales de los alumnos –mediante el aumento de contratación de coordinadores de bienestar–, así como disminuir la carga lectiva de los docentes, y potenciar su jubilación anticipada, sin olvidar la formación permanente. Para poner estas medidas en marcha, habría que contar con 84.915 profesionales más y una inversión aproximada de 4,4 millones de euros.
«La educación debe ser una prioridad», ha manifestado García, quien pide desde el sindicato el incremento de la inversión educativa en un 5,98%, lo que supone un 0,27% del último PIB y un 0,29% del PIB anterior a la pandemia.