Maeztu reclama una normativa específica para garantizar la educación en colegios rurales

Maeztu ha comparecido este jueves en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento, en la que ha presentado un informe sobre los retos de la atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales, de los que ha dicho que «funcionan, y con algunas mejoras lo harán mucho mejor». Ha pedido «no ser inflexibles» y ha destacado que el grado de satisfacción de las familias se sitúa por encima del 90 por ciento, además de que estos centros «ayudan a frenar la despoblación junto a otras medidas en el ámbito sanitario o contra la exclusión financiera».

«Se debe reconocer y garantizar el derecho de todos los niños a recibir educación en su propio entorno social y geográfico», ha argumentado el Defensor, que ha lamentado que se apliquen «medidas numéricas estrictas» propias de los centros ordinarios a la hora de crear las aulas. Ha extendido esta falta de adaptación a la normativa para los servicios educativos complementarios, que «no se acomodan» a las características de los colegios públicos rurales, lo que provoca que la presencia de los mismos sea «muy escasa”.

Según los datos oficiales, el número de alumnado que utiliza el aula matinal en estos centros es del 10%; el comedor, 23%; el transporte escolar, el 43%; las actividades extraescolares, el 56%, y residencia escolar solo hay una, en Granada. Esta falta de regulación también la echa en falta en las infraestructuras, por lo que ha demandado una norma reguladora de los requisitos mediante mecanismos de colaboración y cooperación permanente para mantenerlas y mejorarlas, incluyendo medidas de bioclimatización.

Además de advertir de desigualdades en relación a la brecha digital y en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, Maeztu ha pedido que se realice un estudio sobre la conveniencia de extender todos los cursos de la ESO y establecer medidas de incentivos económicos para la estabilidad del profesorado.