Los rectores, satisfechos con que universidades y ciencia estén bajo un mismo paraguas

Tras felicitar a su nueva titular, la hasta ahora ministra de Ciencia, Diana Morant, CRUE considera inaplazable asegurar una financiación adecuada, estable y plurianual del sistema; reforzar las becas y ayudas al estudio; facilitar la atracción y retención de talento, y agilizar la gestión de la investigación. También solicitan mejorar la regulación de los procedimientos de acceso y admisión a la Universidad, con «criterios claros que permitan una regulación y aplicación coherente de la Prueba de Acceso a la Universidad», e impulsar la Ciencia Abierta.

La ciencia, reforzada ahora en una cartera ministerial mucho más amplia que incluye las competencias en Universidades, con la ministra Diana Morant como titular, afronta el reto de mantener unas inversiones que han marcado récords históricos durante los últimos años cuando empiecen a disminuir, o incluso desaparezcan, los fondos europeos incluidos en el programa Next Generation. El objetivo, perseguido desde hace décadas y nunca logrado, es aumentar el peso que la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) tienen sobre el PIB, y ahora esa meta se ha plasmado en la nueva ley y compromete al Ejecutivo a que la financiación pública de la I+D+i crezca hasta alcanzar el 1,2 por ciento del PIB en 2030.

Aprobada ya la pasada legislatura la nueva Ley de Ciencia –que supuso una profunda revisión del texto vigente desde 2011 y que no contó con ningún voto en contra– corresponde ahora poner en marcha las medidas previstas en el texto para cumplir sus objetivos principales de reducir la carga burocrática de la ciencia, la precariedad laboral y favorecer la transferencia del conocimiento para que redunde en la economía y en beneficio de la sociedad. En línea con esos objetivos, el Ministerio de Ciencia ya ha lanzado «Fortalece», un programa de financiación de la ciencia más flexible y menos burocrático que va a empezar de manera «piloto» entre grupos de investigación sanitaria adscritos al Instituto de Salud Carlos III.

Pero el reto que tiene por delante el Ministerio es que a lo largo de los próximos diez años se extienda a otros agentes del sistema de ciencia español hasta alcanzar los 700 millones de euros anuales, lo que supondría duplicar la financiación actual del Estado a grupos de investigación. Entre las asignaturas pendientes en el ámbito de la ciencia y la universidad figuran también el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador, que afectará a más de 100.000 profesores e investigadores de universidades públicas, el impuso de programas para atraer y retener el talento, e implementar medidas para mejorar la transferencia del conocimiento y la colaboración público-privada.

Diana Morant hereda del ministro Joan Subirats la tarea de aplicar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obliga a destinar el 1 por ciento del PIB a la educación superior hasta 2030 y a rebajar la alta precariedad laboral. Otros retos, en el ámbito de la educación superior, consisten en internacionalizar mucho más el sistema universitario español -poco permeable a la atracción del profesorado y estudiantes extranjeros-, y seguir caminando hacia el abaratamiento de las tasas universitarias hasta alcanzar el objetivo deseado de la gratuidad.

Recuperar el talento que emigró fue fijado como uno de los objetivos para los próximos años por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, y el Ejecutivo tiene ahora por delante el desafío de aplicar nuevas medidas y de desarrollar el programa «Atrae+» que impulsó la pasada legislatura para atraer al sistema español de ciencia a doctores con una larga y consolidada trayectoria investigadora y que se encuentran en los niveles más altos del escalafón del talento.

Pero la verdadera asignatura pendiente de la ciencia española es la «i» de la innovación y sobre todo la transferencia del conocimiento científico a la sociedad, y conseguir que el potencial científico e investigador que todos los expertos reconocen al sistema español redunde en la economía y en beneficio de la sociedad. También se aprobó la pasada legislatura, pero corresponde ahora su desarrollo pleno, el Plan de Transferencia del Conocimiento, dotado con 1.200 millones de euros, y el presidente del Gobierno ha apostado además por nuevas medidas para mejorar la colaboración público-privada.

Aunque están ya en marcha y en plena ejecución, durante los próximos meses van a tener también una gran importancia algunos de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica que involucran a la cartera de Ciencia, como el Perte Aeroespacial (que prevé movilizar 4.500 millones en cinco años; hasta 2025) o el de Salud de Vanguardia (dotado con más de 2.000 millones de inversión pública).

También ha echado a andar la recién creada Agencia Espacial Española, dotada ya de un nuevo Estatuto y de un presupuesto inicial de 700 millones de euros, pero durante los próximos meses el Gobierno deberá seguir armándola de los recursos necesarios para cumplir los objetivos para los que fue creada: coordinar todas las políticas y actividades nacionales sobre el espacio y la participación española en los programas internacionales.