CSIF pide que no se pierdan grupos ni líneas con el distrito único y ANPE reclama equilibrio

CSIF no ha querido valorar la decisión política de implantar el distrito único escolar, con el que se suprimen las limitaciones del modelo zonal para pasar a otro en el que las familias puedan elegir centro, en la reunión de la Mesa sectorial celebrada este jueves. Ha alertado de que el hecho de que algunos centros pierdan matriculaciones y registren un descenso de alumnado puede suponer una pérdida de grupos o líneas y, por tanto, de plazas docentes, y por ello ha pedido a Educación que garantice que esto no ocurrirá y se mantendrá la calidad educativa y la igualdad de oportunidades del alumnado. Además, ha insistido en una rebaja de ratio para el próximo curso con el objetivo de ofrecer la atención más personalizada posible para, de este modo, afrontar con más eficacia las necesidades educativas individuales del alumnado.

Por su parte, ANPE exige, con independencia del modelo de admisión que se establezca, la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, la no discriminación por cualquier causa, la garantía de recursos para la educación pública y la reducción de la burocracia que conlleva el procedimiento para los centros. El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha presentado en la Mesa sectorial la propuesta de nuevo Decreto para la regulación del procedimiento de admisión en los centros educativos públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

Según ANPE, una distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, junto a la asignación de recursos y apoyos necesarios, es «esencial» para proporcionar una educación inclusiva que atienda las diversas necesidades de los estudiantes, evitando concentraciones excesivas de este tipo de alumnado en ciertos centros públicos y garantizando un acceso justo a los recursos necesarios. Ha reclamado que se asegure que, antes de proceder a la supresión o la suspensión de funcionamiento de alguna unidad de un centro público, se ejecute dicha medida en cualquiera de los centros concertados que haya en la misma localidad.

Finalmente, ha pedido que los procedimientos resultantes del nuevo proceso de admisión sean planificados de manera que permitan reducir la carga burocrática para los centros, dotándoles además del personal administrativo necesario para poder afrontar la carga de trabajo asociada.

La plataforma Escola Valencia estudia medidas para frenar la reforma de la ley de Plurilingüismo por tratarse de «una discriminación que atenta contra el principio de igualdad constitucional». Según un comunicado de la plataforma, el texto es «una discriminación del alumnado de las zonas castellanohablantes, puesto que negar el conocimiento de una lengua oficial a una parte del alumnado valenciano por el lugar donde vive supone una desigualdad». En las alegaciones presentadas por Escola Valenciana se afirma que el conocimiento del valenciano comporta más oportunidades en el ámbito académico, laboral, social y cultural y su modificación es «una discriminación que menguará su libertad para la movilidad e inserción laboral».

Con la aprobación del nuevo texto, a partir del curso 2024-25, el valenciano dejaría de ser lengua vehicular obligatoria en las comarcas de predominio lingüístico castellano, lo que supone la eliminación de hacer un mínimo obligatorio de 25% de las horas lectivas en valenciano. «Desde Escola Valenciana estamos trabajando en las posibles medidas que consigan la paralización de esta norma que, además, atenta contra el principio de territorialidad única de la eficacia de las normas de la Generalitat «, añade el comunicado. «Estamos estudiando las posibles vías legales y judiciales para conseguir la paralización de esta reforma», ha explicado Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana, quien ha dicho que no descartan movilizaciones de la comunidad educativa «para hacer escuchar nuestra voz ante esta reforma discriminatoria».

Por último, con la aprobación del texto también desaparecería la Oficina de Derechos Lingüísticos creada por el gobierno del Botànic. La plataforma ha recordado que tiene su propia oficina para dar asesoramiento jurídico a los ciudadanos y facilitar información a las personas a las que «se les niega el derecho a vivir en valenciano».