Morant convoca una conferencia sectorial en enero para tratar la ley de universidades
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y la presidenta de CRUE.
En un comunicado, el ministerio indica que Morant ha mantenido un encuentro con la presidenta presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, en el que han departido sobre dicha cuestión y han coincidido en que «la principal dificultad a la que se enfrentan las universidades es la falta de financiación estructural».
El departamento que dirige Morant destaca que en enero será convocada la Conferencia General de Política Universitaria con las comunidades en la que se hará un llamamiento a «trabajar bajo el principio de lealtad y corresponsabilidad». En este sentido, en el encuentro la ministra ha hecho hincapié en la obligación que tienen las comunidades para asumir sus competencias, al tiempo que ha destacado que en los últimos cinco años, «el Gobierno ha financiado un 40% más a las comunidades autónomas que en los últimos cinco años del Gobierno anterior»: casi 180.000 millones más. «En algunas de las comunidades autónomas ese esfuerzo no se ha traducido en un incremento de la financiación para servicios públicos como las universidades», ha sostenido Morant.
Por otro lado, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, Emilio Viciana, ha expresado este martes su intención de presentar la Ley de Universidades a lo largo del año 2024. En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Viciana ha explicado que desde la Consejería de Educación se están reuniendo con rectores y gerentes de las universidades públicas y privadas para recabar sus aportaciones sobre los elementos que ellos consideran esenciales para hacer una ley «potente».
Una de las «patas fundamentales» es el sistema de financiación universitaria, junto a la gobernanza de la universidad y la definición del concepto de universidad y del papel que debe jugar en la sociedad desde el punto educativo y científico, ha expuesto el consejero. «Tenemos que establecer un sistema de financiación proporcional, sin desmerecer a ninguna de las universidades públicas», ha dicho Viciana, tras reconocer que el sistema de financiación es uno de los asuntos «más difíciles» que debe abordar y admitir que «cada universidad pública tiene su idiosincrasia, sus puntos fuertes y débiles: unas apuestan por la investigación, otras por las titulaciones y otras por el número de alumnos».
El consejero ha abogado, además, por reforzar el papel de los consejos sociales para que exista un equilibrio en la gobernanza de la universidad, de manera que estudiantes, rectores y consejos sociales puedan tener un peso específico y tomar decisiones de una manera consensuada. Asimismo, ha mostrado su deseo de contar con la colaboración y el apoyo de las universidades privadas, que tienen «un papel esencial en Madrid y en España», teniendo en cuenta que el gran número de instituciones de este tipo existentes en la región, «de prestigio, con gran potencial y con capacidad internacional». También ha destacado la importancia de trabajar para que haya una conexión directa, fluida y eficiente entre la investigación científica en el ámbito universitario, la sociedad y la empresa.
En su intervención, ha planteado la posibilidad de hacer una Ley de Ciencia y Universidades por considerar que la conexión entre estos dos ámbitos es «fundamental» para establecer sinergias y hacer frente a los desafíos de ambos. La actual Ley de Fomento de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid data de 1998 y está «obsoleta», ha detallado el consejero.
Viciana ha resaltado la necesidad de «actualizar» la Ley de Ciencia para abordar la situación de los investigadores y el desarrollo de sus carreras, dándoles «cierto margen de autonomía y flexibilidad a la hora de investigar», además de establecer mecanismos ágiles para que haya una traslación directa de los resultados de la investigación científica a la sociedad y la empresa.