La Federación Española de Familias Numerosas pide más inversión y medidas estables
España tiene un grave problema de natalidad.
Con el apoyo de un estudio de la Universidad de Vigo y la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, la FEFN ha analizado medidas que considera «necesarias para mejorar el apoyo a las familias con más hijos, actualmente discriminadas en algunas prestaciones». El estudio, según dice la FEFN en un comunicado, sostiene que «España es uno de los países en los que existe mayor distancia entre los hijos deseados y los que se tienen y esto es así por un contexto poco favorable a formar familias y, en especial, familias grandes».
Entre los factores que condicionan la decisión de tener más descendencia estaría –citan– «la baja calidad de algunos empleos, las reducidas expectativas de mejora del mercado laboral, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar y el escaso apoyo de las administraciones públicas a las familias, especialmente aquellas con mayor número de hijos». Apuntan que el estudio constata que «España destina a políticas de familia un porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) muy alejado al de los países con mejores sistemas de protección a la familia», el 1,5%, a lo que se añade «un modelo de protección familiar, el mediterráneo, caracterizado por un escaso desarrollo de las políticas familiares explícitas, con prestaciones económicas de pequeña cuantía, dotación media en bienes y servicios y alguna ventaja de naturaleza tributaria».
La consecuencia, apunta el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, es que «España tiene un grave problema de natalidad, la población cada vez está más envejecida y su baja tasa de natalidad no permite mantener un equilibrio entre generaciones». «Cuando no se destina lo suficiente a algo tan importante como la familia y además las políticas no se ajustan a las necesidades reales nos encontramos con esta situación. Históricamente, en nuestro país la familia ha sido una de las instituciones mejor valoradas, pero desde hace años este respaldo social no se traduce en una verdadera protección a las familias por parte de las administraciones», ha declarado.
España es el segundo país de la UE en el que se es madre más tarde, un hecho que viene unido también a la estigmatización de las madres jóvenes en el mercado de trabajo, tanto mayor cuantos más hijos tengan
"El estudio reconoce la caída generalizada de la natalidad en la Unión Europea, pero precisa que «las tasas de natalidad de algunos vecinos comunitarios que han apostado por una mayor atención a la familia, como Alemania o Francia, son superiores». Mientras, «España es el segundo país de la UE en el que se es madre más tarde, un hecho que viene unido también a la estigmatización de las madres jóvenes en el mercado de trabajo, tanto mayor cuantos más hijos tengan», y a que resulta «una tarea compleja» compaginar el trabajo con la vida familiar.
La investigación dirigida y elaborada por Alberto Vaquero, profesor titular de Economía Aplicada (Grupo GEN de investigación), y por Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, incide en que son insuficientes las medidas de apoyo a la familia en la primera infancia «con la salvedad del permiso de paternidad, que es de los más altos de Europa». «La baja de maternidad resulta de las más bajas y la excedencia de hasta 36 meses que existe para cuidado de hijos, no está remunerada, lo que se traduce en una medida poco real para las familias, que no pueden prescindir de una fuente de ingresos», arguyen.
La FEFN aboga por eliminar «el actual límite que hay en prestaciones sociales, que solo se incrementan hasta el segundo o tercer hijo», y su presidente se pregunta si es que «el resto de los hijos no tienen necesidades». El estudio de la Universidad de Vigo analiza lo que supondría eliminar el actual límite que hay en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en la prestación y subsidio por desempleo, y concreta que, en el primer caso, «considerar el número real de hijos en la cuantía percibida supondría un coste adicional de 35,1 millones de euros».
La prestación contributiva por desempleo reconoce hasta dos hijos a la hora de establecer la cuantía, por o que el informe calcula que, ampliarlo supondría 66,5 millones adicionales, un gasto «totalmente necesario», para el presidente de la Federación. En el caso del subsidio por desempleo, la investigación estima que adaptarlo al número de personas que tenga el perceptor a cargo costaría al Estado 207 millones por lo que lamenta que el proyecto de reforma del Gobierno «no haya tenido en cuenta el criterio de los hijos».