Los sindicatos anuncian dos jornadas de huelga del profesorado los días 8 y 21 de mayo
En un comunicado conjunto tras la reunión de la Mesa este lunes, los sindicatos han indicado que la Consejería de Educación ha retirado la propuesta que hizo en diciembre pasado y ha presentado una nueva que «ignora al cuerpo de maestros y retrasa la reducción de las horas lectivas del profesorado al curso 2026-27». Por ello, «en defensa del bienestar del alumnado y en defensa de la educación pública madrileña», han acordado un calendario de movilizaciones que incluye dos días de huelga, acompañados de sendas manifestaciones los días 8 y 21 de mayo, además de una concentración frente a la consejería el 22 de abril y una asamblea telemática conjunta el 11 de abril. «Si el Gobierno regional no revierte la situación, el calendario de movilizaciones se ampliará, poniendo en riesgo la finalización de este curso y el inicio del siguiente», han subrayado.
Sus exigencias son: la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; la reducción del horario lectivo del profesorado a 23 horas en Infantil y Primaria; la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios y la dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad y la puesta en marcha de un plan de choque contra la burocracia. Durante los últimos años, según la nota conjunta, los sindicatos han apostado por la negociación colectiva como vía principal para llegar a acuerdos, pero, desde su punto de vista, «el Gobierno regional desprecia el diálogo y la negociación». «Nos encontramos ante una situación crítica en la que los derechos laborales de los docentes madrileños se ven amenazados», han indicado los sindicatos antes de acusar al Ejecutivo autonómico de «provocar el conflicto en la educación madrileña».
Por su parte, el consejero Emilio Viciana ha dicho que en ningún momento desde la Comunidad o desde su Departamento se han roto las negociaciones con los sindicatos, y se ha mostrado dispuesto a mejorar su oferta para reducir el horario lectivo del profesorado si cambian las circunstancias económicas o presupuestarias.
Por otro lado, la Asamblea de Madrid ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) para la climatización de los centros educativos públicos, con lo que sus promotores disponen de tres meses para recoger 50.000 firmas de apoyo. Esta propuesta de ley fue presentada el 4 de marzo pasado en el Registro del parlamento autonómico por los sindicatos CCOO y UGT, la FAPA Francisco Giner de los Ríos y la federación de asociaciones vecinales madrileñas (Fravm), que integran la Plataforma Autonómica por la Climatización y adecuación de los Centros públicos.
Según indica la plataforma este lunes en un comunicado, el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea «confirmó que la iniciativa cumplía con todos los requerimientos formales y materiales, dando traslado a la Mesa de la Asamblea para que tratara el asunto en su siguiente reunión». Ello tuvo lugar el pasado 1 de abril, siendo «aprobada su admisión a trámite». De ahí que las organizaciones anuncien el inicio de las recogida de las 50.000 firmas que se necesitan para que la iniciativa deba ser sometida a debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid, con el objetivo de que la norma «sea una realidad lo antes posible».
En próximas fechas «empezaremos a enviar los pliegos timbrados para la recogida de las firmas a las asociaciones de madres y padres, claustros y entidades vecinales» para conseguir los apoyos en el plazo de noventa días a contar desde el 5 de abril, día en que llegó oficialmente la comunicación de admisión a trámite. Según la petición registrada en la Asamblea, «cada año se producen episodios más frecuentes y prolongados de elevadas temperaturas en buena parte de la Comunidad de Madrid, que, además, ya no son exclusivos de la época veraniega, porque llevamos ya varios años padeciendo puntas de temperatura elevadas en meses que históricamente no se solían alcanzar». Desafortunadamente, todo indica que «el cambio climático es una realidad» y que «los desequilibrios en las temperaturas, tanto en sus valores máximos como mínimos, se repetirán», continúa el texto.
Los centros públicos, «con carácter general en toda la Comunidad de Madrid, no están preparados para garantizar que las actividades escolares y lectivas puedan desarrollarse con normalidad cuando las temperaturas registran sus valores máximos o mínimos». Estos centros «son utilizados diariamente por muchos menores, cuyo interés superior debe ser especialmente protegido, así como por los adultos que les enseñan y atienden», reza el escrito.
Tras su admisión a trámite, las entidades promotoras «mostramos nuestra satisfacción porque estamos más cerca de que exista una ley que obligue a las Administraciones públicas a climatizar y adecuar los centros educativos madrileños para que las condiciones climatológicas no sean un obstáculo en la buena marcha de la actividad educativa diaria», concluyen.