La Xunta financiará un tercio de los 150 profesores universitarios para adaptarse a la LOSU

Con la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se introducen variaciones en el profesorado, con el objetivo de buscar estabilización en las plantillas, lo que supone una reducción de la figura del profesor asociado y de las horas de docencia de los ayudantes doctores. Estas medidas supondrán la necesaria contratación de profesorado, con un coste de 6,6 millones de euros al año, que afrontarán tanto el Gobierno central como la Xunta. Así, durante los primeros seis cursos de implantación de la nueva ley, dos tercios de esa financiación para contratar profesorado serán asumidos por el Gobierno central y un tercio lo asumirá el Ejecutivo autonómico.

La Xunta han señalado su intención de reclamar al Ministerio de Universidades garantías del pago «aún con los presupuestos prorrogados» de las plazas que se comprometió a asumir. Los conselleiros en funciones de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, y de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, se han reunido con los rectores de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; de Vigo, Manuel Reigosa; y de A Coruña, Ricardo Cao, para tratar el asunto.

En la reunión han abordado los detalles de las contrataciones –un tema analizado en la última Conferencia General de Política Universitaria– y Rodríguez ha explicado que el Ministerio de Universidades no había ofrecido ningún tipo de diálogo al respecto, «sino que hizo un chantaje a las administraciones autonómicas». «Se trata de un nuevo ejemplo de ‘yo invito y tu pagas’, que es a lo que nos ha acostumbrado el Gobierno central, que suele imponer nuevas leyes que implican más gasto para las comunidades autónomas, sin acompañarlas de una memoria económica ni de transferencias de presupuestos», ha criticado Rodríguez. «Somos ahora las comunidades las que tenemos que hacer frente a un problema generado por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario», ha añadido el conselleiro, y ha asegurado que la nueva ley «está generando dificultades presupuestarias en las universidades y, como consecuencia, en las administraciones autonómicas que las cofinancian».

Según Rodríguez, las universidades gallegas son las que tienen cuadros «entre los más estabilizados del Estado», por lo que la medida tiene «menos impacto». En este sentido, ha lamentado que otras universidades de fuera de Galicia se puedan ver más beneficiadas por este plan, a pesar de que, según él, no hayan hecho una buena política laboral interna. «Existe un agravio comparativo entre las comunidades y las que nos esforzamos por mantener la estabilidad somos descompensadas», ha dicho.

Pese a su disconformidad con el plan propuesto por el Ministerio, la Xunta ha decidido cumplir su parte y asumir con fondos propios un tercio de las plazas que corresponden, es decir, aproximadamente 50. El Gobierno gallego critica la falta de claridad de cómo el Gobierno central va a pagar las plazas de ayudante doctorado a las que se comprometió este año, debido a que no van a aprobarse nuevos presupuestos. «No remitió ni aclara la fecha en la que lo va a hacer el convenio bilateral para este fin», ha asegurado Rodríguez.