Cantabria demanda un programa de cooperación territorial para infraestructuras educativas
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria tiene previsto cerrar el año 2024 habiendo puesto en marcha inversión por valor de 11 millones de euros en unas 70 obras de infraestructuras educativas. En la imagen, presentación de las obras de ampliación del IES Lope de Vega en Santa María de Cayón.
Cantabria ha demandado al Gobierno central un programa de cooperación territorial para infraestructuras educativas, para el mantenimiento, la renovación y la ampliación de centros educativos con colaboración financiera del Estado.
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, lo ha dicho así al participar en la segunda Conferencia Sectorial de Educación de esta legislatura, según informa el Gobierno en un comunicado de prensa.
Durante el encuentro, Silva ha planteado al Gobierno central la necesidad de crear un programa de cooperación territorial dado que «muchos centros educativos fueron construidos en la década de los 80» y esa antigüedad «hace necesario» que cada curso escolar se tengan que poner en marcha «numerosas intervenciones de mantenimiento, renovación y ampliación».
El consejero ha señalado que Cantabria tiene casi 700 actuaciones inventariadas en materia de infraestructuras educativas y ha destacado el «esfuerzo inversor y el compromiso del Gobierno de Cantabria por una educación de calidad adaptada a las necesidades y demandas de la sociedad». «Un esfuerzo que asumimos las comunidades autónomas por completo», ha subrayado.
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria tiene previsto cerrar el año 2024 habiendo puesto en marcha inversión por valor de 11 millones de euros en unas 70 obras de infraestructuras educativas.
Por otro lado, Silva ha destacado «el cúmulo de cambios legales» en materia educativa que «están provocando cierto cansancio en el colectivo docente» por «ser muchas y en un breve plazo de tiempo».
También se ha referido a las «numerosas dificultades financieras y de gestión» que las comunidades «están sufriendo» por esos cambios normativos y sus «exigentes calendarios de implantación, al igual que ocurrió con la cotización de la Seguridad Social».
Silva ha insistido en el especial momento que supone el nuevo marco legal de la Formación Profesional y ha reclamado mayor compromiso financiero por parte del Gobierno de España, por entender que los cambios que se empiezan a aplicar en Educación implican un aumento del gasto estructural para las comunidades autónomas.
