Las propuestas para una ley de universidades no son "lo que las universidades madrileñas necesitan", según CCOO

«A pesar de que del proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid sólo se conoce un borrador de ideas, estas líneas indican que se tratará de una Ley que no va a resolver los problemas del sistema universitario madrileño, ya que no resuelve los problemas de financiación de la universidades públicas y, sin embargo, sigue fomentando la proliferación de universidades privadas en la región”, en palabras de Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

El sindicato ha lamentado de esta forma que, aunque el consejero Emilio Viciana había anunciado en un principio que el texto del proyecto de ley estaría listo a finales de julio, de momento solo se ha difundido un avance de propuestas, posponiéndose al próximo otoño la presentación del texto.

Entretanto, en la reunión mantenida el pasado 3 de julio, el director general de Universidades, Nicolás J. Casas Calvo explicó a los representantes de CCOO las líneas en las que está trabajando el Gobierno de Ayuso.

De momento, solo existe un documento de ocho páginas en el que basarse, con apenas pinceladas y sin la certeza de que sea la versión definitiva.

Pero, con todo, para el sindicato es claro que el gobierno autonómico está «más preocupado en fomentar la enseñanza universitaria privada y en limitar la autonomía de las universidades públicas (restringiendo incluso el derecho a la protesta) que en defender y financiar adecuadamente el sistema universitario público«.

Frente a esto, CCOO ha querido plantear los aspectos que la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid debería tener en cuenta:

• Debe respetar el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de la comunidad universitaria. En particular, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
• Debe definir claramente en qué consiste “la prestación del servicio público universitario”. Este servicio público debe contemplar necesariamente la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad y debe ser garantizado por las universidades públicas. En cuanto a las universidades privadas, se debe garantizar que cumplen realmente con este cometido.
• Para que puedan ofrecer un servicio público universitario de calidad, las universidades públicas deben contar una financiación que cubra el 100% de sus necesidades básicas (en el borrador presentado, se habla de menos de un 70% de financiación).
• Debe contemplar una política de becas y ayudas al estudio para que la ciudadanía madrileña pueda ejercer su derecho a la educación superior.
• Debe incluir un compromiso de precios públicos que se ajuste, al menos, a los precios públicos de aplicación en el año 2011, tal y como se están aplicando en otras comunidades autónomas. «Madrid no puede seguir siendo la comunidad cuyos precios públicos sean los más elevados a nivel nacional», analiza el sindicato.
• En aplicación de la normativa nacional, debe garantizar destinar al menos el 1% del PIB autonómico a la financiación de las universidades públicas madrileñas.
• Por otra parte, no debe regular aspectos del personal de las universidades (PDI y PTGAS) que no sean acordes a la legislación vigente y que interfieran en aspectos propios de la negociación colectiva.

«La Comunidad de Madrid es uno de los principales polos universitarios del estado español, para CCOO es esencial desarrollar una Ley de Universidades que impulse el sistema universitario público, principalmente respecto a la financiación. Para ello, se debe contar con toda la comunidad universitaria y, en particular, con los sindicatos que representan a las plantillas universitarias» concluye Galvín.