Pedro Huerta (Escuelas Católicas): Estamos reduciendo la educación a un conflicto político

El recién reelegido secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, advierte de que la educación se está reduciendo a un conflicto político y piensa que el problema no consiste en derogar leyes o cambiar la Ebau: «Eso es banalizar las auténticas necesidades del sistema educativo».

Huerta, cuya organización agrupa a casi 2.000 centros con más de 1,2 millones de estudiantes y 105.000 trabajadores, confía en que durante el próximo curso se avance en la mejora de la financiación de la enseñanza concertada tras un primer contacto de la mesa sectorial en junio y espera resultados del futuro trabajo de la comisión de estudio del coste del puesto escolar.

Reelegido para un segundo mandato de cuatro años, el secretario general de EC defiende en una entrevista con Efe que pese a ser necesarios cambios legislativos para responder a nuevos retos, hay elementos «que no cambian tanto y deben acordarse para que no dependan de la situación ideológica del gobierno de turno».

«Se necesita -dice- un consenso político para que la educación no acabe siendo un arma arrojadiza. Lo estamos reduciendo todo a un conflicto político (…). El problema del sistema educativo no es si aprobar o derogar leyes, eso es banalizar las auténticas necesidades del sistema. Nuestro problema es alcanzar un pacto que permita tener elementos mínimos de acuerdo, que no cambien cuando hay un nuevo gobierno de turno».

Sobre la propuesta ‘popular’ de implantar en 2025 una Ebau propia en las doce autonomías donde gobierna, Huerta (Alcázar de San Juan, 1970) afirma que la reforma de la prueba de acceso a la universidad «requerirá muchos más estudios que simplemente un eslogan político porque, les guste a unos más o menos, tenemos unas competencias educativas otorgadas a las comunidades».

«Es un tema -insiste el religioso- que ahora mismo tiene más de cuestión política que de cuestión real, evidentemente hay muchas cosas que mejorar de la Ebau, pero se necesitan estudios más serios».

El secretario general de Escuelas Católicas, la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión, insiste en que el módulo de conciertos está infrafinanciado: «no corresponde a lo que realmente implican los gastos de un centro: por debajo del 60 % de lo que debe cubrir el módulo y eso hay que remediarlo».

«Hemos presentado al Ministerio y a los partidos una planificación para subir un 25-30% la financiación de modo que en siete u ocho años mejore la situación. No es una subida de un 100% pero sí un aumento progresivo, algo que solo se ha logrado en Cataluña en 2023 -incremento del 40%- pero en el resto del país no hay forma».

Pese al repunte del gasto destinado a la concertada desde 2014, Huerta sostiene que ha sido insuficiente ya que las subidas de entre el 1 y 2 % «no se corresponde con los capítulos de gasto de los centros, ni siquiera llega al IPC… Hemos tenido colegios que el pasado invierno no han podido encender la calefacción todos los días».

Tras recalcar el principio de Escuelas Católicas de servir a los más vulnerables, Huerta explica que la bajada de la natalidad y «algunas cuestiones de la Lomloe (ley Celaá) nos lo están poniendo difícil para que haya pluralidad (de elección de centro) en zonas rurales, pequeñas ciudades o pueblos grandes».

«No siempre las decisiones de las administraciones sobre la continuidad de nuestros centros nos lo ponen fácil. Cuando un centro público se puede mantener con cinco alumnos pero uno concertado no se puede mantener con quince en el mismo pueblo y en la misma situación… Las administraciones nos retiran los conciertos y sin ellos en esas zonas no podemos sobrevivir, tendrían que convertirse en privados».

Para que los concertados sigan abiertos y haya esa pluralidad «en todos los sitios y no sea un privilegio de los que viven en grandes ciudades, necesitamos que suba la natalidad y que la administración reconozca el valor y la presencia de estos centros o, al menos, les pongan las mismas condiciones que a otros centros públicos».

En la cornisa cantábrica, zonas de Aragón y Castilla y León ya han cerrado centros por la menor natalidad y «la búsqueda de la administración, con independencia de su signo político, de promover solo una enseñanza pública, como dice la Lomloe», concluye Huerta, gran conocedor del mundo educativo por su dilatada experiencia como profesor.