CCOO tilda de "decretazo" el cierre de dos escuelas infantiles de gestión indirecta
Según el sindicato, «las administraciones públicas contratantes son las máximas y últimas responsables de estas escuelas ya que son sus titulares», por lo que debe «responsabilizarse de la continuidad de las plantillas». Tras la «nefasta gestión» de la empresa concesionaria, Atreyu Bolta Carto, la consejería suspendió ambas escuelas -de titularidad pública y gestión indirecta- mediante el decreto 81/2024, de 24 de julio, tras quedar vacante su adjudicación de pliegos el 17 de mayo, indica CCOO en un comunicado. Ambas escuelas ven así sus servicios «paralizados, con el consiguiente perjuicio para las familias de los menores, así como a los trabajadores», ya que Educación sigue «sin explicar cómo van a recibir los salarios pendientes el personal educativo de estos centros».
Este decreto es «el final de un largo recorrido lleno de irregularidades» desde que la empresa anunció un ERTE el año pasado, con reducción de plantillas y bajas sin cubrir, así como el impago de salarios desde principios de año. El XII Convenio colectivo de centros de Educación Infantil establece, en su artículo 31, que “en el sector de asistencia y educación infantil operará la subrogación del personal cuando tenga lugar un cambio de contratista o de subcontratista». Sin embargo, la representante de las trabajadoras recibió «el 31 de julio la comunicación de la Empresa, del inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”, denuncia la secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. “Rechazamos la falta de negociación y transparencia; la ausencia de petición de responsabilidades a la empresa, así como la negativa a la subrogación del personal. Que nadie se haga cargo del pago a las trabajadoras de las nóminas adeudadas es escandaloso e inaceptable”, añade Galvín.
En una reunión el pasado 23 de julio, «el viceconsejero Sr. Borreguero nos manifestó que tomaba nota, pero no informó de los planes que tenía la Consejería. Y por la vía de los hechos, por un lado ha actuado la Consejería y, por otro, la propia empresa», continúa. “Estamos ante un sistema fallido» de contratación, que prioriza los proyectos «de menor coste por encima de los valores educativos», con empresas que presentan ofertas sustentadas en la precarización de los trabajadores y «la imposibilidad del cumplimiento de lo dispuesto en el convenio colectivo, compitiendo deslealmente con las empresas que sí se ajustan a los acuerdos vigentes”.
Tras recalcar que la educación de 0-3 años es «un derecho de la infancia recogido en las leyes educativas» que garantiza la igualdad de oportunidades, CCOO recalca que las administraciones «son las responsables de la impunidad de empresas”. La Consejería de Educación, por su parte, «garantiza la escolarización en estos dos centros a todos los alumnos matriculados en ellos para el próximo curso 2024-25».