Los sindicatos del sin esfuerzo

El pasado 11 de agosto el nuevo presidente del Gobierno de Cataluña, el señor Salvador Illa, anunció los nombres de las personas que formarían parte de su gobierno. Como nueva consejera de Educación nombró a la socialista Esther Niubó. A los pocos días, el principal sindicato de enseñanza de Cataluña hizo pública en su web una carta abierta dirigida a la nueva consejera catalana de Educación, en la que le expone lo que ella debería hacer. Resulta muy revelador leerla para conocer el origen de muchos de los males que padece nuestro sistema educativo.

El problema no es la falta de recursos

La carta empieza diciendo: «Después de años de degradación de las condiciones laborales del personal educativo y de recortes de recursos, los resultados de diversas pruebas externas han mostrado el declive de los resultados educativos y el fracaso de las políticas derivadas de la Ley de Educación de Cataluña (LEC)». Se trata de una conclusión falsa e interesada, porque el fracaso escolar no se debe a que las condiciones laborales del profesorado sean malas o porque falten recursos en los centros, sino que se debe a un sistema educativo que permite promocionar de curso a los alumnos aunque no sepan lo mínimo imprescindible para poder aprovechar el curso siguiente y, también, porque en la ESO se obliga a todos los alumnos a estudiar lo mismo hasta los 16 años, pese a que sus capacidades e intereses son muy diferentes. Esto lo saben todos los docentes y no reconocerlo descalifica a dicho sindicato.

El problema no es que haya centros concertados

A continuación, en la carta se dice: «Ahora tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo donde la educación pública sea prioritaria» y se añade que: “la apuesta de todos los gobiernos de la Generalitat por la doble red (pública y concertada), ha supuesto el cierre de líneas públicas año tras año. Se trata de otra afirmación falsa e interesada, ya que las líneas escolares se cierran cuando hay menos alumnos inscritos de los imprescindibles, es decir cuando no hay suficientes familias interesadas en que sus hijos estudien en un determinado colegio, sea este público o concertado. Si esto sucede con más frecuencia en los centros públicos que en los colegios concertados, lo que debería hacer un sindicato de docentes es analizar las causas de ello y pedir que se solucionen los problemas, en lugar de pedir que haya menos centros concertados, lo cual se hace retirándoles los conciertos, para que así los padres no puedan escogerlos. La causa de que haya sindicatos que no quieran la existencia de centros concertados es de naturaleza ideológica, no por motivos académicos. Se debe a que los centros privados concertados tienen un ideario, es decir defienden unos determinados valores que si no coinciden con los del sindicato, pueden oponer resistencia a las ideas que dicho sindicato quiere que se difundan en las aulas.

El problema no es PISA

Luego, haciendo referencia a los malos resultados de los alumnos catalanes en las pruebas PISA, en la carta se dice: “hay que escuchar la voz de la comunidad educativa: abandonar políticas dictadas por empresas y fundaciones privadas y dialogar honestamente con los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras, de las familias y del alumnado”. Hay que explicar que cuando se dice “abandonar políticas dictadas por empresas y fundaciones privadas” se refiere a la OCDE, que es la entidad que organiza las pruebas PISA, es decir que según ellos, ante los malos resultados en las pruebas internacionales más importantes del mundo, la Administración no ha de aceptar dichos resultados ni los consejos que se dan a los países que deben mejorar, sino hablar con ellos, los miembros de dicho sindicato, que se autoproclaman representantes del profesorado en temas académicos, didácticos y pedagógicos, cuando en realidad solo han sido elegidos como representantes en temas laborales. Considerarse representantes del profesorado en temas académicos, en lugar de dejar esa tarea a las asociaciones de docentes de la misma especialidad, a los colegios profesionales, a los organizadores de competiciones académicas entre alumnos, etc., es un fraude al profesorado y a la Administración que evidencia su deseo de controlar todos los aspectos de la enseñanza.

Proponer “abandonar políticas dictadas por empresas y fundaciones privadas” en la práctica es aconsejar que no se participe más en las pruebas PISA, para que así no se evidencie el fracaso del sistema educativo que ellos llevan décadas apoyando. Es confirmar que no quieren mejorarlo, que no les importa que los alumnos aprendan poco, que no adquieran hábitos de estudio y que no aumenten su capacidad de esfuerzo, unas cualidades que, si las adquirieran, les servirían para toda su vida.

El problema no es querer que los alumnos aprendan más

La carta continúa con la siguiente amenaza: “Todas las iniciativas impuestas desde el Departamento de Educación que no han contado con la parte social (se refieren a ellos mismos como sindicato) han sido abocadas al fracaso y han empeorado la situación de la educación catalana. Sin voluntad honesta de negociación y entendimiento es imposible avanzar.” Con este comentario el sindicato quiere dejar bien claro a la nueva consejera de Educación y desde el primer momento, que en la educación catalana quien manda son ellos, el sindicato mayoritario, y que esto es así desde hace muchos años. Cualquier medida por parte de la nueva Administración que no les guste, como una mayor exigencia académica a los alumnos para promocionar de curso, el establecer itinerarios diferenciados en la ESO para que todos puedan superarla, sin necesidad de tener que rebajar los niveles a todos, una mayor exigencia en las oposiciones para asegurar el nivel académico del futuro profesorado, etc., será contestado con manifestaciones en las calles, huelgas en los colegios, ridiculización de la nueva consejera en las redes y en los medios, etc. Es lo que siempre han hecho los llamados “sindicatos del sin esfuerzo”, ni para el alumnado ni para el profesorado y que tantos votos les sigue dando en las elecciones.

Otra de las reivindicaciones que hace el sindicato es pedir que se aumenten los recursos para poder: «revertir el malestar creciente entre los profesionales de la educación que ha llevado a la falta de profesorado de cada vez más especialidades». Es otra falsedad interesada, ya que el que cada vez haya menos jóvenes universitarios que quieran dedicarse a la enseñanza, no se debe en absoluto a que el sueldo de los interinos sea bajo, ya que es más elevado que el que se ofrece a la gente que empieza en otros sectores, sino que se debe a que tienen muy presente lo que ellos vieron que tenían que aguantar sus profesores en las aulas de Secundaria cuando ellos eran los alumnos. No es pues un tema de sueldo, sino de que a los docentes se les ha quitado las dos herramientas imprescindibles para poder ejercer su profesión con eficacia, que son la potestad de calificar a sus alumnos sin interferencias legales o administrativas y la potestad de sancionar los malos comportamientos, sin tener que pedir permiso para hacerlo.

El problema no es la Educación Especial

En relación a la apuesta que este sindicato hace por la educación inclusiva, es decir a incluir en las aulas regulares a los alumnos que necesitan un profesor particular al lado para que les ayude a entender y a hacer lo que dice el profesor en el aula, en lugar de ir a aulas de educación especial, critican que “no se ha provisto a los centros educativos de los recursos necesarios para atender la creciente complejidad y diversidad del alumnado.”. Es una afirmación cínica e interesada ya que en vez de reconocer que la complejidad ha crecido a causa de la educación inclusiva que ellos defienden, critican a la Administración por no multiplicar el número de profesores necesarios en cada aula. La realidad es que la escuela excesivamente inclusiva que tenemos ha fracasado, porque perjudica al alumno que necesita ayuda, porque perjudica el ritmo de aprendizaje del resto de los alumnos y porque hace muy difícil al profesorado la impartición de las clases cuando faltan los profesores de apoyo o no hay suficientes, que es lo más frecuente ya que mantener dos o tres profesores por aula es carísimo. Hay dos motivos por los cuales esos sindicatos han apostado por la escuela inclusiva, el primero es porque con ella se necesitan muchos más profesores, es decir más posibles votantes agradecidos en las elecciones sindicales por haber aumentado el número de plazas de profesor. El segundo motivo es ideológico, es porque la mayoría de los centros de Educación Especial son centros privados concertados y este sindicato considera que no deberían existir centros concertados.

El problema no es la sexta hora en Primaria

Otra de las reivindicaciones que hace el sindicato en su carta es “rechazar la recuperación de la sexta hora en la Primaria”, es decir rechazar que los alumnos de Primaria estén en los colegios seis horas al día en lugar de solo cinco. Los centros privados concertados sí ofrecen a los padres la sexta hora, pidiéndoles una aportación económica para pagar al profesorado, mientras que los centros públicos no la ofrecen porque hacerlo supone que los maestros, algunos días, acabarían su jornada laboral más tarde. Una hora más de escolarización facilita a los padres la conciliación de su vida familiar con su vida laboral, además de que supone una sensible mejora en la formación académica de sus hijos. Es evidente que lo que prioriza el sindicato es que los docentes, es decir sus posibles votantes, acaben antes la jornada laboral.

El problema es no querer recuperar la cultura del esfuerzo y del mérito

Finalmente cabe destacar que en su carta el sindicato no pide en ningún momento que haya alguna medida que estimule el esfuerzo, tanto del profesorado como del alumnado, algún control externo que permita a los padres conocer si las calificaciones que dan los centros realmente reflejan lo que han aprendido sus hijos, ninguna medida que permita detectar si un profesor no cumple con su obligación de enseñar lo que debe. Nada perjudica más el prestigio de la profesión docente que el que algunos pocos no cumplan sus obligaciones impunemente. El profesorado debe replantearse en las próximas elecciones sindicales si prioriza recuperar la profesión docente o prioriza simplemente entretener al alumnado. La nueva consejera de Educación debe plantearse si quiere mejorar el nivel académico del alumnado o simplemente continuar con la situación actual.