La Junta defiende su modelo de gratuidad de libros al 50% de las familias frente al universal
Ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha preguntado a la consejera si tiene intención de extender el programa de gratuidad de libros de texto a todas las familias que lo soliciten, para equiparar el modelo de la Comunidad con el de otras autonomías. Pascual ha criticado la disparidad de modelos que se vive en España en esta materia, pero la consejera, en su primera respuesta, ha defendido que en Castilla y León ninguna familia se queda sin libros de texto por carencia de dinero, a la vez que ha asegurado que su modelo es «mucho más avanzado que el de otras comunidades» citadas por el representante de Por Ávila.
Lucas ha negado que las autonomías citadas como ejemplo de gratuidad universal cubran a todas las familias, ya que según la consejera también introducen limitaciones por renta. La consejera ha cuestionado que el «gratis total» se pueda aplicar a familias que tengan «millones y millones de patrimonio en su haber, porque no es equitativo».
La Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León ha criticado que la Consejería de Educación mantenga la situación «preocupante» de iniciar el curso con la falta de «más de 150 contrataciones» de personal laboral en los centros educativos, que afecta a varios grupos profesionales. En concreto, echa en falta contrataciones en las categoría de Personal de Servicios, Ayudantes Técnicos Educativos, Fisioterapeutas y Educadores, entre otras, lo que «provoca una situación de colapso en algunos centros de la Comunidad».
Casos de alumnado que carece de personal de atención directa, de personal doblando turnos y centros con plantillas incompletas que provocan situaciones de sobrecarga entre el personal existente, ha añadido el sindicato, convencido de que esta situación es consecuencia de la «demora» de Educación en la organización del inicio del curso. En concreto, alude a la «falta de previsión a la hora de sustituir tanto al personal laboral que participó en el concurso de traslados como al que finalizó su contrato en el año 2021, al haberse cumplido el máximo legal de tres años de contratación». CCOO considera que ambas situaciones eran «previsibles» por parte de la Consejería y, por tanto, es «inadmisible» que un mes después las plazas vacantes se sigan sin cubrir.
Según el cálculo del sindicato, faltarían al menos 20 contrataciones en las provincias de Soria y Ávila y más de 40 en las de Burgos y León.