Un nuevo informe avala la demanda de la Concertada de mejorar su financiación

«A pesar de que algunos siguen empeñados en falsear datos sobre la financiación de la concertada para desprestigiarla, como el ya tradicional informe anual de Cicae, la patronal Escuelas Católicas –en un reciente comunicado– se congratula de que en las últimas semanas se prodiguen los informes que confirman necesidad urgente de que el Estado financie adecuada y justamente a la enseñanza concertada». En este sentido, se pronunciaba Save the Children la pasada semana, cuando ponía de manifiesto la urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados. Más recientemente, el pasado 11 de septiembre, la OCDE, en su Panorama de la Educación (Education at a Glance 2024), refleja cierto avance en inversión educativa, pero también constata la necesidad de mejorar la financiación del sistema educativo, especialmente en lo que respecta a las escuelas concertadas.

Por último, la ONG Oidel presentaba su Índice de Libertad de Enseñanza en 157 países del que se deduce que a pesar de que la libertad de enseñanza se reconoce gradualmente en más países del mundo, año a año en España es «motivo de visceral enfrentamiento político con una infrafinanciación alarmante de la enseñanza concertada».

El Informe de la OCDE refleja que España ha aumentado la inversión en educación, destinando un 4,9% de su PIB a este sector, en línea con la media de la OCDE, lo que supone un «avance con respecto a ejercicios anteriores en los que el país se situaba por debajo de dicha media». Sin embargo, la OCDE recuerda que este esfuerzo económico debe mantenerse y reforzarse en los próximos años para mejorar la calidad educativa y la equidad.

Uno de los datos preocupantes que destaca el informe es que el 88% del gasto en Primaria en España procede de fuentes públicas, una cifra inferior al 93% de la media de la OCDE. Este dato pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de financiación educativa en nuestro país, especialmente en lo que respecta a las escuelas concertadas, cuya contribución al sistema es fundamental y, en muchos casos, está insuficientemente apoyada desde el ámbito gubernamental.

«Es inquietante observar –dice Escuelas Católicas en su comunicado– que la financiación de las instituciones privadas varía significativamente entre países». En España, las fuentes gubernamentales destinan una media de 10.736 dólares por estudiante en instituciones públicas, mientras que en las privadas se invierten 5.035 dólares, cifras que quedan por debajo de la media de la OCDE. Desde Escuelas Católicas insisten en la «importancia de equiparar la financiación de la escuela concertada a la pública, para garantizar la equidad y la sostenibilidad del modelo educativo». «La equidad educativa entre las redes requiere equidad en la financiación pública. En este sentido, es imprescindible la actualización del módulo de conciertos, conforme al coste real de impartición de la enseñanza», remarca EC.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) defiende la enseñanza concertada «justamente financiada» y niega que quiera desprestigiar este tipo de educación después de presentar su estudio de precios en el que refleja que casi ocho de cada diez colegios concertados cobra una cuota educativa a las familias. Tras presentar el noveno Estudio de Cuotas y Precios de la Escuela Concertada, la presidenta de Cicae, Elena Cid, recalca que deben coexistir los tres tipos de enseñanza: pública, concertada y privada, pero «con las mismas reglas de juego».

En un comunicado, Cicae puntualiza a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) –que representa a los colegios concertados– que su estudio «no pretende desprestigiar» este tipo de educación y que «siempre ha defendido la necesidad de que existan las tres redes educativas, valorando la fundamental labor social y educativa que realiza la escuela concertada, especialmente la que no tiene ánimo de lucro». La Asociación de colegios privados añade que «nunca pondrá en duda la necesidad de que la concertada esté adecuadamente financiada por la Administración, pero tampoco podrá aceptar que se pueda vulnerar la ley y se exija a las familias cobros indebidos».

FSIE ha criticado las conclusiones del estudio de cuotas de Cicae que considera un «intento de desprestigiar la educación concertada» y en el que ve «intencionalidad» para «abocar a las familias a elegir entre educación pública y privada, en su propio beneficio».

La Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña ha tildado de «falto de rigor» el estudio de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) sobre cuotas y precios de colegios concertados y que revela que «un año más, Cataluña lidera la cuota máxima que se cobra a las familias de la escuela concertada». Según ha asegurado la Confederación, que agrupa a más de 180 colegios concertados, se trata de un «estudio sesgado y falto de rigor» porque «la muestra analizada en Cataluña es de solo 50 centros» y «no es representativa». Además, «la gran mayoría de los centros elegidos son de barrios con un nivel socioeconómico elevado, hecho que distorsiona aún más las conclusiones presentadas», ha añadido la misma fuente este jueves.

Rebatiendo la afirmación del estudio, en el que Cicae afirmaba el pasado 1 de octubre que las cuotas de los centros concertados habían aumentado un 17% en un curso en Cataluña, la Confederación asegura que «el incremento de las cuotas de los centros concertados catalanes siempre es por debajo de la subida del IPC y que, en muchos casos, no se produce dicho aumento». Asimismo, aluden a la «infrafinanciación crónica e histórica de la escuela concertada», que –según afirman– «queda recogida en el Pacto contra la Segregación Escolar», en el «consecuente informe del Síndic de Greuges», en «la misma Ley de Educación de Cataluña (LEC)» y que «ha sido asumida y verbalizada por varios consellers de Educación».

Aseguran que, según el Síndic de Greuges, el concierto económico de la escuela concertada «cubre sólo el 65% del coste real de la plaza escolar». «Esta infrafinanciación obliga a la escuela concertada a buscar, siempre dentro de la legalidad, los medios para compensarla, como aportaciones voluntarias de las familias» y que se destinan «a la hora complementaria que la escuela concertada imparte de más» con respecto a la escuela pública, cuyo coste máximo es de 80 euros mensuales y está autorizada por la Consellería de Educación.

Las cuotas también se destinan a servicios escolares como gabinete psicopedagógico, material escolar fungible o la cuota digital y cuyo coste se encuentra oscila entre los 75 y 135 euros mensuales más, han añadido. Cualquier otro servicio escolar no curricular, como transporte, servicio de acogida o media pensión «son servicios opcionales» por lo que su pago «es voluntario y a demanda por parte de las familias», indica la Confederación. «Si la Generalitat de Cataluña pone solución a la infrafinanciación y asume el 35% del coste restante de la plaza escolar, conseguiremos la gratuidad plena de la enseñanza y garantizaremos el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos», han concluido.

Afirman también que las irregularidades mencionadas por Cicae «son falsas, ya que no corresponden a la realidad de la gran mayoría de centros» y que «no existe discriminación al alumnado ni falta de transparencia sobre las aportaciones de las familias, que son conocedoras desde el principio de que estas son necesarias e imprescindibles para la continuidad y estabilidad de los centros concertados». Por todo ello, concluyen que la intención del documento encargado por Cicae «no es otra que desprestigiar, año tras año, el modelo educativo concertado, que representa su competencia» pero que «sigue siendo el elegido por cientos de miles de familias por la calidad que ofrece y que en el caso de Cataluña, escolariza a 1/3 de los alumnos».