El TSJCV confirma la suspensión cautelar de las instrucciones sobre plantillas de docentes
Los acuerdos firmados con el anterior gobierno del Botànic suponían un aumento de las plantillas docentes de catálogo de los centros de 5.200 profesores, que debía implementarse en dos años, de manera que el 70% del profesorado sería dotado en el curso 2023-24 y el 30% restante en el siguiente. La Generalitat argumentaba en su recurso que no se había ponderado suficientemente los intereses públicos y de terceros implicados en la adopción de la medida, subrayando la necesidad de «valorar los intereses en conflicto» así como el perjuicio de «imposible difícil reparación», según consta en dos autos notificados este martes por el TSJCV.
Los magistrados reiteran que «es evidente la concurrencia» de un ‘periculum in mora’ (el daño jurídico que podría derivarse del retraso en el dictado de una resolución definitiva) e incluso «la eventual pérdida de la finalidad legítima de los recursos» interpuestos por dos sindicatos –STEPV y CCOO– de no accederse a la suspensión. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del desestima así los recursos de reposición presentados por la Generalitat, en dos autos que no son firmes y ante los que cabe interponer un recurso de casación.
El TSJCV dio la razón a los sindicatos
El pasado 18 de septiembre, el TSJCV suspendió cautelarmente la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos por el anterior ejecutivo con los sindicatos en junio de 2023 en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado. El Tribunal consideraba que no estaba constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat «resolución judicial o administrativa» que así lo declarara.
Señalaba asimismo que no se había aportado por la Abogacía de la Generalitat una impugnación que cuestione su legalidad. Además, indicaba la denuncia en mayo de 2024 de esos acuerdos de la Mesa Sectorial (junio de 2023), sobre la que se fundamentan las instrucciones posteriores de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea” conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto, estimaban así la petición de medidas cautelares realizada por los sindicatos STEPV y CCOO.
La decisión cautelar afecta a las plantillas de profesores de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y Educación de Personas Adultas. La Generalitat presentó sendos recursos de reposición contra ambos autos, que han sido desestimados.