El largo camino hacia una normativa nacional
Florentino Martín se ha puesto en contacto con la redacción de PADRES para proponernos una cuestión que le preocupa ¿por qué cuesta tanto que se pongan en marcha las medidas de actuación ya sea en el ámbito educativo o en el sanitario, cuando se detecta un niño con TDAH?. En su caso tiene suerte, porque vive en una de las pocas Comunidades Autónomas donde existe un Protocolo de Actuación.
Fulgencio Madrid, Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH, nos explica que efectivamente “existen mecanismos legales para resolver los problemas en el aula, pero lo que ocurre es que hay desconocimiento. Nuestra asociación cuenta con el apoyo del Senado para establecer protocolos de actuación”, aclara. Actualmente ha puesto en marcha un Plan Estratégico de Actuación Multidisciplinar a nivel nacional frente al TDAH cuyos principales retos son la creación de protocolos de actuación y guías para padres y profesores.
En cualquier caso, independientemente de las acciones específicas, hay que tener siempre presente, que según el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria en el Artículo 46 se establecen entre las funciones del tutor “atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal de currículo”; “encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos”; “informar a los padres, maestros de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico” y “facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos”.
Diferencias según las CCAA. En Murcia se logró elaborar un Protocolo de Actuación con muchas reuniones de coordinación entre las áreas sanitarias y de educación y en palabras del presidente de FEAA, cuya sede está en Murcia, “la tasa de diagnósticos está creciendo”.
En el protocolo que hay en Murcia se entra por el pediatra o por el colegio, y a partir de ahí, ante la sospecha de TDAH del pediatra, en el ordenador se le abre una pantalla con todo el camino que tiene que seguir y los pasos que tiene que dar, para que, al final, el diagnóstico definitivo lo establezca Salud Mental, pero, mientras tanto, ya se dan pautas a la familia con o sin tratamiento farmacológico.
En Cantabria, según explica César Soutullo, coordinador del Plan de Acción en TDAH, los pacientes diagnosticados piden un informe para Selectividad y les hacen el mismo examen pero por partes con descansos. “No se trata de hacerlo más fácil sino de preguntarlo de otra manera”, matiza Soutullo, “se permiten exámenes orales o en forma de test en algunas Comunidades Autónomas donde se está avanzando en el reconocimiento del TDAH como necesidad educativa especial.”
En la Comunidad de Madrid, hay una normativa que permite a los colegios tomar la iniciativa de implantar medidas de apoyo a los niños con TDAH. De forma muy general la ley dice que los colegios deben dar a los niños lo que necesite cada uno; “es demasiado contundente decir que se pueda ‘obligar’, nos explica Mara Parellada, consultora de la Asociación Elisabeth d’Ornano.
El colegio puede, sin la intermediación de ningún organismo educativo superior, informe o diagnóstico médico, hacer adaptaciones metodológicas, que es lo que hay que procurar, en buena coordinación con la familia. Desgraciadamente, imposiciones suelen tener peor resultado.”
Murcia es, hoy por hoy, la única Comunidad Autónoma donde existe un plan específico. En el caso de Baleares el TDAH ‘ha sido reconocido a nivel normativo’. Y respecto al resto de autonomías, el abordaje de esta enfermedad se han centrado en la publicación de guías y material educativo, aunque ningún plan específico.
De este modo, en muchos centros escolares se denomina a estos niños como “escolares con trastorno de conducta”, una etiqueta errónea según Fulgencio Madrid.
Las diferencias de trato a los escolares afectados por TDAH dentro del sistema educativo, dependiendo de cada Comunidad Autónoma son evidentes. El interés desde las asociaciones es que exista una normativa a nivel nacional que ampare los derechos de pacientes y familiares en todo el territorio nacional y en ello se trabaja.