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El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a comprometerse con el déficit

Diego FranceschMartes, 24 de abril de 2012
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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Moncloa)

Las reacciones de las comunidades autónomas al Decreto Ley publicado en el BOE del 21 de abril han sido muy variadas. Andalucía, por ejemplo, prevé que tendrá que aumentar dos horas lectivas a profesores de la ESO y prescindir de unas 4.800 plazas. El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica ha explicado que el Gobierno andaluz “está comprometido con el objetivo de reducción del déficit, pero que les hubiera gustado que el Gobierno central les hubiera dicho cuánto tienen que aportar y haber podido priorizar de dónde”, según el portal Magisnet.

En el País Vasco, y a pesar de las manifestaciones en contra de los ajustes, el sindicato ELA ha acusado de “hipocresía” a la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, por denunciar públicamente los recortes en este sector fijados por el Gobierno central, pero “imponer en la práctica” el aumento de alumnos por aula en la enseñanza concertada. Efectivamente, Celaá negocia en estos momentos con las patronales de la Concertada una modificación de los ratios en la ESO en ikastolas y centros de iniciativa social.

Por su parte, Cataluña asegura que limitará el incremento de la ratio “como mucho, a 1º de Primaria y 1º de la ESO y no todas las aulas pasarán a tener 35 plazas”, ha dicho la consellera Irene Rigau. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Rigau dijo que las medidas “no podrán hacerse efectivas a corto plazo y que el incremento de ratios, en concreto, tendrá un impacto en 2013”. También recordó que, desde hace 20 años, las escuelas y sus aulas se construyen de acuerdo con ratios de 25 alumnos, por lo que “las paredes no se pueden ensanchar de golpe” y en algunas escuelas se podría aplicar el incremento de ratios y en otras no.

Por otro lado están las comunidades del PP que ya han aplicado algunas de estas medidas, como el aumento de horario lectivo en Madrid, Galicia, Valencia, Cantabria, Baleares o Castilla-La Mancha. En estos casos o ya se ha producido una reducción de personal interino o se producirá el próximo curso. Lo que falta por saber es cuántos interinos se quedarán sin trabajar. Algunos sindicatos y también el PSOE ya se han aventurado a cifrar la pérdida de puestos de trabajo. La portavoz socialista parlamentaria, Soraya Rodríguez, ha indicado que serán 80.000 los docentes interinos despedidos, según el cálculo resultante de que de-saparecerán “uno de cada cinco grupos por curso”.

En el caso de la Región de Murcia hay que esperar a la comparecencia de su consejero de Educación, Constantino Sotoca, hoy mismo en la Asamblea Regional para conocer el alcance de los ajustes en esta comunidad.

Navarra, por su parte, asegura que cumplirá las medidas aprobadas aunque reconoce que “no son fáciles”. El consejero José Iribas cree que el aumento de ratio “no se va a dar más que en casos concretos”. En esa comunidad, CCOO ya ha advertido de la pérdida de 1.000 docentes y el cierre de 300 aulas (177 en Infantil y Primaria y 85 en ESO). Otros 250 cursos se verían afectados por el incremento de ratio. El ahorro en salarios sería de unos 40 millones de euros, según este sindicato. En la Concertada, el impacto sería de 200 empleos, según FETE-UGT, derivados del aumento de jornada lectiva de 23 a 25 horas lectivas y de un aumento de ratio en un 20%.

Por otro lado, y respecto a las tasas universitarias, los últimos datos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) sitúan en primera posición en gasto por alumno en el año 2010 a Navarra, con 7.221,35 euros, seguida del País Vasco (7.331,35 euros), Cantabria (6.980,03), Castilla-La Mancha (6.680,98), y la Comunitat Valenciana con 6.604,50 euros. El gasto público en universidades respecto al PIB per cápita en España es del 39,25%.

Los alumnos de Grado y los de Máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de la titulación y aumentará la dedicación docente no investigadora.

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