Tras los ajustes, el Ministerio quiere empezar con la reforma del sistema
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunió el pasado 24 de abril con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, CCOO, UGT, ANPE, STES, CIG y CSI-F para explicarles que el real decreto ley aprobado el viernes anterior en Consejo de Ministros “obedece a medidas de extraordinaria necesidad” y que “las decisiones tienen un carácter flexible para que sean las comunidades las que las ejecuten como crean necesario”.
El ministro también les explicó la “arquitectura” del nuevo sistema educativo y la intención de sacar adelante el Estatuto del Docente. Para los dos temas –dijo Wert– mantendrá “una permanente interlocución” con ellos.
FETE-UGT manifestó su rechazo a las medidas y le dijo al ministro que hubieran querido conocer las intenciones de su Ministerio “en el ámbito propio de la negociación y no por los medios de comunicación”. FETE pidió también un calendario de trabajo para negociar temas pendientes relacionados con el profesorado y con las reformas anunciadas.
CCOO también protestó formalmente porque “los representantes legítimos del profesorado hayan tenido que enterarse por la prensa de las medidas previstas que afectan gravemente a condiciones laborales” de los profesores; y pidió la retirada de estas medidas. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, expresó su rechazo los Presupuestos y también comentó que es “una falacia apelar a la flexibilidad que tendrá cada comunidad para aplicar las medidas en función de su déficit, cuando la realidad es que todas han superado con creces el límite establecido para el año 2011 (el 1,3% del PIB), registrando un agujero fiscal del 2,94%”.
Por lo que respecta a la ratio, CCOO alegó que incumplirá el Real Decreto 132/10 de requisitos mínimos de los centros. En cuanto al horario lectivo, expresó su preocupación por la mención al “mínimo de horas”, al dejar abierta la posibilidad de aumentar esas horas a discreción. El sindicato calificó de “aberración” la supresión de las modalidades de Bachillerato, ya que supondrá “el desplazamiento de funcionarios de carrera”, entre otras consecuencias negativas.
Por su parte, ANPE exigió al Ministerio que “atenúe los efectos de las medidas, flexibilizándolas y contemplando excepciones”. En concreto, el sindicato docente pide minimizar su aplicación en las aulas de Educación Infantil de 3 años, en las escuelas rurales con localizaciones geográficas de especial dificultad para el agrupamiento, en los centros de integración que escolaricen alumnado con necesidades educativas, en los ubicados en zonas de especial dificultad socioeconómica, en los que escolaricen un porcentaje de alumnado inmigrante o de compensación educativa superior al 50%, en los centros de Formación Profesional en las ramas técnicas que precisen clases prácticas en laboratorios o talleres muy especializados y en los centros catalogados como “de especial dificultad”.
Además, con respecto al horario lectivo del profesorado, se deben proponer los mínimos y los máximos y debe fijarse la composición de las plantillas mínimas de los centros. ANPE también ha advertido de la enorme incidencia que tendrá sobre la movilidad del profesorado la supresión de modalidades de Bachillerato.
La realidad educativa
STES pidió el ministro que “reflexione, que rectifique y que retire el real decreto”. El portavoz de STES, Augusto Serrano, dijo a Wert que “va a pasar a la historia de la Educación de nuestro país como el único ministro desde 1970 que ha hecho retroceder a la Educación en su conjunto, masificando las aulas y despidiendo a miles de profesores, como el único ministro que ha empeorado las condiciones en las que el alumnado del conjunto del Estado recibe sus enseñanzas”. Serrano propuso al ministro que “vaya a una clase con 30 niños y niñas de tres años, para que vea la barbaridad que supone el aumento de las ratios y para que conozca realmente la realidad educativa”.
Por otro lado, el Ministerio ofreció como contrapartida a este esfuerzo del profesorado una tramitación urgente del Estatuto del Docente que se empezará a negociar inmediatamente.
En cuanto a la aplicación del decreto ley por parte de las comunidades, Galicia se sumó la semana pasada a las que no aumentarán la ratio –que allí no supera los 21 alumnos por aula– aunque en esta comunidad se ha constituido una Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública.
Otras comunidades negocian estos días con los sindicatos la aplicación de las medidas. En La Rioja, el consejero ha dicho que no se aplicarán la mayoría de las medidas aprobadas y en Madrid CCOO y UGT dieron por rotas el viernes 27 de abril las negociaciones en la Mesa Sectorial. Además, en Castilla y León se celebró el domingo una huelga educativa “de difícil justificación”, según la Consejería, que no ha efectuado hasta ahora recortes de ningún tipo.
En Castilla-La Mancha, donde la necesidad de ajustes es mayor, por la herencia recibida, la Consejería ya ha comunicado a los sindicatos que suprimirá los profesores de apoyo en Infantil.
En Cataluña, la consellera Irene Rigau ha dicho que los recortes le permitirán ahorrarse 20 millones de euros en nóminas, pero al mismo tiempo llevará las medidas al Consejo de Garantías por invasión de competencias. Y la Comunidad Valenciana dice que ajustará la ratio a la demanda de las familias, lo que no ha impedido que se convoque una huelga.
Miles de personas se echaron a la calle el pasado domingo en medio centenar de ciudades españolas, bajo el lema Con la Sanidad y la Educación no se juega, para reclamar al Gobierno una manera diferente de superar la crisis económica y para que los pilares del Estado del Bienestar queden al margen de los ajustes.
Convocados por la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos –de la que forman parte 50 organizaciones sociales y sindicales– los manifestantes subrayaron que el gasto para mantener los servicios públicos es la mejor inversión que se puede hacer para salir de la crisis.
El detonante inicial de la movilización fue el ajuste en los ámbitos sanitario y educativo, aunque las críticas se han ampliado a las próximas subidas de impuestos.