El Gobierno canario no reducirá profesores ni elevará ratios para ahorrar
Y es que el Ejecutivo autonómico opina que el Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público que se prevé aprobar esta semana es "un error que pagará nuestro país, sin lugar a dudas", y piensa que "hay que ir en dirección contraria", según ha afirmado el también consejero de Educación. Antes de asistir a una reunión con directores de centros docentes no universitarios e inspectores de zona de Gran Canaria para informarles sobre el Real Decreto Ley y sus repercusiones en el sistema educativo público de las islas, Pérez ha precisado que lo que hará su Gobierno es, "primero, mantener e incrementar los recursos para los alumnos, y eso pasa también por no reducir profesores". Eso implica no aplicar algunas de las medidas de ahorro tal y como las prevé el Ministerio de Educación, porque, de hacerlo, según ha sostenido, "saldrían del sistema educativo en la enseñanza no universitaria 3.550 profesores automáticamente, sobrarían".
Como argumento para mantener esa postura, el vicepresidente ha asegurado que "eso significaría una reducción drástica en Canarias, dramática", porque "sería la comunidad que se quedaría a la cola, como ya, de hecho, lo está, en número de profesores por alumno". Pérez ha explicado que tampoco prevé que en el archipiélago se amplíen las ratios o números de alumnos por clase como propone el Ministerio, lo que supondría, en determinados niveles educativos, pasar de grupos de entre 20 y 25 estudiantes a más de 40.
El consejero ha recibido el respaldo en esa decisión del director del Instituto de Secundaria "Felo Monzón" de Gran Canaria, Pedro Lemes, quien, en nombre de sus compañeros, ha considerado que ampliar la cantidad de alumnos por clase, que en su centro oscilan entre 25 y 35, según las especialidades de estudios, supondría "una involución muy importante" en la calidad de la enseñanza. Pérez ha anunciado que, además, en las islas se mantendrán centros de Secundaria donde se ofertarán varias modalidades de Bachillerato, frente a la idea del Ministerio de que haya solo una en cada uno de ellos, y no se congelarán determinados ciclos de Formación Profesional, que incluso se han ampliado, en contra de las tesis estatales.
El consejero ha expuesto que en Canarias, aunque su Gobierno no esté de acuerdo, "hay una parte de las medidas que no se pueden dejar de aplicar, porque son normativa básica del Estado", pero que en las islas se hará "poniendo sus prioridades" y no las del Ministerio. El vicepresidente ha defendido que en la comunidad autónoma se pueden tomar esas decisiones porque se han adoptado soluciones alternativas para recortar gastos y ha destacado que han sido "medidas duras", como las de bajar los sueldos a toda la función pública y subir impuestos, que ha justificado como única vía para "no cerrar hospitales y escuelas".
Además, ha indicado que se prevén otras iniciativas que supondrán "un ahorro importante", como reutilizar libros de texto cedidos a los alumnos gratuitamente un año más de lo pensado, alargando su vida útil, y que también contribuirán a racionalizar el gasto acciones como la revisión del mapa escolar regional. Revisión ya iniciada este año en algunos centros de Gran Canaria y Tenerife que se ampliará a más lugares el próximo y que ha matizado que no se hará desde criterios economicistas, sino buscando mejorar la calidad del servicio que se presta. Como ejemplo de ello ha afirmado que hay casos donde, "al disminuir la demanda escolar en un barrio determinado, nos encontramos con que el mantener centros con muy poco número de alumnos hace que los servicios que se prestan a los alumnos son mucho peores que si estuvieran más concentrados". Ha insistido en que el objetivo a ese respecto es "racionalizar el mapa escolar", que ha subrayado que llevaba casi tres lustros sin revisarse".