El PSOE teme que las ‘reválidas’ acaben con la equidad actual
La reforma que plantea el Gobierno en su anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa –y del que ya se van conociendo algunos detalles– pretende reducir las tasas de fracaso escolar y de abandono temprano anticipando la elección de itinerarios, entre otros objetivos. Para el PSOE, sin embargo, la reforma está llena de aberraciones que harán perder la equidad lograda por nuestro sistema en los últimos 30 años y por la que destacamos en los informes internacionales, al haber conseguido elevar el nivel educativo de la población en sólo una generación.
Uno de los planes del Gobierno que más “miedo” le da a los socialistas, son las evaluaciones obligatorias al terminar cada ciclo. “Las reválidas ponen barreras y van eliminando gente”, manifiesta el portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera, en declaraciones a MAGISTERIO. Lo que para el Ministerio son exámenes que incentivarán el esfuerzo y el afán de superación del alumnado, para Bedera son “vallas, vallas y más vallas” que dejarán fuera a muchos alumnos, consiguiendo “el efecto contrario” al deseado de reducir el abandono escolar tras la ESO.
En Primaria, los planes iniciales contemplan dos pruebas, una a mitad de etapa y otra al final. Si no se supera ésta se repetirá 6º de Primaria, si no se ha repetido un curso anterior. En la ESO también será necesario superar la evaluación final para acceder a Bachillerato o FP.
Otro temor respecto a las reválidas es que los colegios y los docentes acaben centrando la enseñanza en la preparación de los exámenes, dejando de lado otros aspectos fundamentales de la Educación. Además, el portavoz socialista advierte contra la posibilidad de que se publiquen los resultados por colegios. En su opinión, no puede medirse a todos los centros por el mismo rasero ya que no todos parten de cero y los logros de unos pueden ser diferentes a los de otros: por ejemplo, para un colegio de una zona marginal, el éxito puede ser conseguir que los chavales vayan a clase y las familias estén implicadas.
El PSOE reconoce que el sistema actual no ha potenciado suficiente a los mejores alumnos, pero no está dispuesto a aceptar que centrarse en eso a partir de ahora haga olvidar a los peores estudiantes, de manera que acaben yéndose por “desagües” y “vías muertas” creados en el sistema. Eso es lo que le parece a Bedera, por ejemplo, que al finalizar un PCPI haya que pasar también una reválida.
En general, el PSOE considera que “vamos en contra de lo que se hace en la UE”, donde, según Bedera, muchos paí-ses no exigen ningún título de la enseñanza obligatoria para pasar a la postobligatoria.
De lo poco que se ha dado a conocer hasta ahora de la reforma legal, el portavoz socialista alerta también contra la eliminación del Consejo Escolar como órgano decisorio y de la intervención de las asociaciones de padres y madres, que considera “un logro de la LODE”.
Otro de los objetivos de la reforma es concentrar esfuerzos en las materias instrumentales básicas, lo cual obligará a una reordenación del profesorado. Esto exigirá flexibilidad para redistribuir al profesorado, según ya adelantó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ya que las asignaturas básicas, como Lengua y Matemáticas, tendrán más horas de clase y necesitarán más docentes y las optativas serán menos, tendrán menos carga lectiva y requerirán menos profesores. Esto no impedirá que la proporción de alumnos por profesor actual siga siendo similar, “muy baja” en la comparación internacional, según Gomendio.
La secretaria de Estado ha defendido la flexibilidad “para descubrir el talento de cada alumno en una diversidad de caminos formativos, con unas metas claras al final de cada etapa y un sistema de incentivos para lograrlas”, a lo que contribuirán las evaluaciones externas estandarizadas nacionales. “Ese objetivo –señala la secretaria de Estado– tiene que ser el mismo en toda España, un mínimo nivel de conocimientos y competencias para superar cada etapa”. Por eso el Ministerio pretende aumentar el porcentaje de contenidos mínimos que ahora fija el Estado frente a los que fijan las comunidades. El Ejecutivo pasará a establecer el 65% de los horarios en comunidades con lengua cooficial y el 75% en aquellas que no la tengan. Actualmente, la LOE establece el 55% y el 65%, respectivamente.