El PSOE denuncia que las “reválidas” devalúan la función del profesorado
Evaluación continua y confianza en el profesor frente a las llamadas “reválidas” o evaluaciones externas. Son los dos conceptos que quiso enfrentar el PSOE la pasada semana en el Senado, durante la comparecencia de la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, para dar a conocer las líneas generales de la nueva ley educativa. Concretamente, el senador socialista Vicente Álvarez Areces cree que “es absurdo que alumnos que han estado en Primaria con resultados de evaluación continua favorables lleguen a una evaluación externa ajena al profesorado, sin tener en cuenta la evolución del alumno a lo largo de los años de su escolarización”. “¿Y esto es confiar en el profesorado? Es todo lo contario, es devaluar su función”, apostilló.
La secretaria de Estado, por su parte, reveló que el Ministerio ha tenido múltiples reuniones con profesores a las que no se ha dado ninguna publicidad: “Queríamos que viniesen de forma anónima y tuviesen toda la libertad para comentarnos sus opiniones sin que hubiese ningún tipo de trascendencia mediática, y todos ellos nos han pedido las evaluaciones como un elemento de señalización fundamental”. Según Gomendio, “la falta de señalización lleva únicamente a una situación en que los profesores no saben qué se espera de los estudiantes al final de cada etapa, y donde además, como cada uno lo interpreta de una forma muy personal en cada centro, eso conduce a una enorme diversidad de resultados no sólo entre comunidades autónomas sino también entre centros”.
Por tanto, las evaluaciones externas en 3º de Primaria y a final de cada etapa “son un elemento de uniformidad que va a garantizar unos mínimos de calidad para cumplirlos de la misma forma en todos los centros de todas las comunidades autónomas, regiones y municipios”, explicó la secretaria de Estado. Y añadió que “por supuesto que estas evaluaciones van a llevar a identificar aquellos centros o zonas en que existen problemas, y se va a responder dando apoyo a esos centros para mejorar el rendimiento de los alumnos”.
En cuanto a denominar “reválidas” a las evaluaciones, Gomendio recordó que “esa palabra no está en ninguno de los documentos que hemos elaborado” y entiende que “se quiere desacreditar las propuestas pretendiendo que suenen a cuestiones anticuadas, a una vuelta a sistemas ya superados”. Insistió, por tanto, en que “se trata de pruebas externas estandarizadas y uniformes a nivel nacional, que es como se llaman en todos los países donde están implementadas –el 77% de los países de la OCDE–”. Areces le replicó: “Yo he tenido reválidas y no lo considero un término peyorativo; las llamábamos así porque es cierto que para el que no las pasaba se acabó”. “Por tanto, se trata de una cuestión semántica”, indicó el senador socialista.
Consecuencias en la PAU
En cuanto a la evaluación del Bachillerato y las consecuencias que tiene sobre la prueba de Selectividad, la secretaria de Estado explicó que “puesto que ahora todos los estudiantes van a pasar por una evaluación, es posible que no sea necesaria una prueba a nivel nacional para los estudiantes que quieren acceder a la universidad”. Por tanto, adelantó que “será decisión de cada universidad qué peso le quiere dar al resultado de la evaluación del Bachillerato o si quieren sumarle elementos adicionales como exigir un nivel de nota determinado, un nivel de nota en ciertas asignaturas, hacer un examen propio o hacer una entrevista, que es la forma en que se funciona en la mayor parte de los países de la OCDE”.
Peligros de la autonomía
En cuanto a la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los centros, el senador socialista la defendió “siempre que permita tanto el desarrollo de proyectos educativos como la organización, atendiendo a la diversidad del alumnado o elaborando planes en el centro que mejoren la convivencia”, pero advirtió que “puede suscitar recelos si se habla de autonomía priorizando la gestión de los directores en la gestión de personal, de forma que puedan decidir nominativamente al profesorado idóneo para su centro con el objetivo de desarrollar el proyecto educativo propio”. Y alertó de que “puede producir un peligro real: regular completamente el estatus del profesorado funcionario que accede mediante concurso o traslado a los centros”.
Además, se mostró en de-sacuerdo con que “el Consejo Escolar y el Claustro se orienten exclusivamente hacia funciones consultivas, ya que van contra la necesaria participación de la comunidad educativa en los centros”.
La secretaria de Estado fue tajante y se refirió al informe Panorama de la Educación, de la OCDE, que “dice que nuestros centros tienen un margen de autonomía nulo en cuanto a la gestión de personal”. Por tanto, incidió en que la nueva ley propone que “la autonomía de los centros se debería centrar en especialización curricular y en la metodología pedagógica”. “No he mencionado en ningún momento gestión de personal; luego, no tengo nada más que decir”, concluyó.