Andalucía remitirá al Ministerio un documento con alternativas a la reforma
La consejera Mar Moreno.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha fijado la posición sobre la reforma educativa que defenderá Andalucía en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará en Madrid la próxima semana para analizar el proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. La Junta, que no comparte las medidas planteadas por el Gobierno central, como las reválidas y los itinerarios "rígidos" por entender que "marginan" al alumnado, considera que las políticas educativas merecen "un esfuerzo de diálogo y consenso", por lo que ha abogado por "aparcar las prisas". Así lo ha afirmado la consejera de Educación, Mar Moreno, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha recalcado que la Junta está "dispuesta a dialogar aunque ello signifique ceder en algunos puntos".
La Junta está dispuesta a dialogar sobre el refuerzo de la calidad y de la equidad; la formación del profesorado; el refuerzo de las asignaturas instrumentales; participación y autonomía de los centros; apuesta por la evaluación; refuerzo de la FP; Educación en valores; revisión del acceso a la Universidad, y garantía de la financiación para la escuela pública. Junto al documento para el consenso fijado por el Consejo de Gobierno, también se remitirá al Ministerio el informe del Consejo Escolar de Andalucía cuando esté concluido.
Sobre las alternativas concretas para alcanzar el consenso, la consejera se ha referido a la necesidad de asegurar que cualquier itinerario en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación, en alusión a los cambios introducidos en los programas de atención a la diversidad que eliminan esa posibilidad. Respecto al profesorado, la Junta apuesta por intensificar la formación permanente e inicial de los docentes y por establecer una carrera profesional que estimule las mejores prácticas. Otro de los puntos en los que Andalucía buscará el consenso se refiere al refuerzo de las materias instrumentales y de la elección de las asignaturas.
Aun aceptando que se establezcan cambios en el cuarto curso de ESO para dirigir la trayectoria posterior del alumnado y anticipar su especialización, la consejera apuesta por que sean los centros docentes, en el marco de su autonomía, los que, en función de la demanda y de los intereses académicos, doten de mayor flexibilidad a los itinerarios "conduciendo siempre a un único título de ESO que dé acceso a Bachillerato o a ciclos formativos". La Junta sigue apostando por la cultura de la evaluación pero discrepa sobre las consecuencias que pueda tener sobre la vida académica del alumnado, ya que las reválidas -tal y como las recoge el anteproyecto de ley- seleccionan e "impiden" la promoción del alumnado así como la obtención de los títulos correspondientes.
Andalucía defiende un sistema de evaluación que sirva para orientar al profesorado y mejorar los rendimientos académicos del alumnado y considera que estas pruebas no tienen sentido al final de las etapas sino en los cursos intermedios. Asimismo rechaza el establecimiento de 'ránking' entre centros en función de los resultados, al considerarlo una medida "extraordinariamente injusta" para los estudiantes con condiciones de partida "más desfavorables".
Moreno ha defendido que la reforma debe impulsar los estudios y titulaciones de FP, pero sin "condicionar" el acceso al resultado de ninguna evaluación externa, en el caso de los de Grado Medio, o con una prueba de admisión específica en los de Grado Superior. Respecto al avance en la autonomía de los centros, Moreno ha dicho que este objetivo no debe significar "dar pasos atrás en democracia y participación", de forma que no sea la Administración la que "imponga" la selección de los directores de los centros, como establece la reforma. También ha defendido la necesidad de preservar las competencias de los Consejos Escolares, por entender que son "clave" en la vida de los centros.
La Junta propone también que se abra "un amplio debate" sobre el modelo de acceso a la Universidad, con el objetivo final de garantizar la transparencia y la equidad.