Uriarte dice que los recortes no afectarán a la calidad de enseñanza
Uriarte ha comparecido ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para presentar las líneas maestras de actuación de su gestión, una comparecencia que la mayoría de la oposición ha considerado poco concreta y llena de generalidades. La consejera ha reconocido que los actuales tiempos no son fáciles y que la caída de la recaudación que aboca al "ajuste presupuestario, obligará a redimensionar los gastos y a repensar las prioridades", también en su ámbito de actuación.
Ha afirmado que adoptará todas las decisiones necesarias para "garantizar la calidad del servicio de la Educación obligatoria", hasta los 16 años, en virtud al "derecho individual y universal a la Educación". Uriarte ha reconocido estar "muy preocupada" por la situación económica y su posible afección a la Educación y ha afirmado que, por el momento, no puede concretar hasta dónde llegará el ajuste presupuestario. Sí ha garantizado que éste no afectará a los "servicios esenciales", que no tendrá repercusiones en el porcentaje de profesores por alumnos, pero que sí podría afectar a los "servicios complementarios", aunque no ha precisado más.
La consejera ha reiterado que el Gobierno Vasco va a defender la competencia en materia educativa, como una de las claves del autogobierno y que, por ello, seguirá oponiéndose a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). También ha anunciado su intención de elaborar una nueva Ley Vasca de Educación que se base en un consenso general en la comunidad autónoma que dé estabilidad al sistema a largo plazo y a la que no le afecten los cambios en el gobierno.
Entre algunos aspectos que guiarán la política educativa de su Departamento a lo largo de esta legislatura, la consejera ha citado el maltrato en el ámbito educativo y una serie de acciones para "hacer frente a la violencia de motivación política". En este campo, Uriarte ha anunciado que se continuará con el testimonio de las víctimas en las aulas, aunque se llevará a cabo una evaluación del trabajo realizado hasta ahora para hacer las "adaptaciones oportunas".
En materia de política lingüística, el Departamento de Educación se ha puesto como objetivo "garantizar el ejercicio de elección de lengua", para que el "derecho a utilizar el castellano no esté por encima del derecho a utilizar el euskera". Tras afirmar que la política lingüística va a "ocupar el centro de la agenda política" del Gobierno, Uriarte ha puesto el énfasis en la necesidad de fomentar la utilización del euskera en todos los ámbitos sociales y, entre ellos, en el comercio. Ha dicho que se darán pasos para "garantizar progresivamente los derechos lingüísticos de los consumidores" y ha aclarado que se trata de "no imponer pero tampoco impedir" que los ciudadanos puedan utilizar cualquiera de las dos lenguas "en determinadas relaciones de consumo".