El PP insta al Gobierno a fomentar un “clima disciplinar” en las aulas

Aparte de las propias normativas autonómicas, la regulación a nivel estatal de los derechos y deberes de los alumnos, así como las normas de convivencia en los centros, se encuentra recogida en el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo. Casi 18 años después de su aprobación, el PP considera necesario “actualizar esta normativa para adecuarla a los fines y objetivos de la LOE y a los nuevos retos educativos”. Por ello, la portavoz de Educación de este partido en el Congreso, Sandra Moneo, presentó el pasado día 12 una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al Gobierno a “revisar la regulación vigente de derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia”.  
La PNL –que finalmente fue aprobada por 173 votos a favor, 155 votos en contra y seis abstenciones– pretende “recuperar el orden necesario en el seno de la institución escolar, que se ha debilitado por el efecto del impacto en los alumnos de las nuevas tecnologías, por la configuración e integración de una sociedad más diversa, por la aparición frecuente de serios problemas de disciplina y por la dificultad de crear un clima que asegure a cada escolar su derecho y su deber de estudiar”. El PP pone como ejemplo evidente de esta situación “el uso de los móviles en el aula”. Asimismo, la revisión pretende “prevenir, corregir o sancionar las actuaciones ina-decuadas o irrespetuosas, articular un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado y crear un clima disciplinar”.
La propuesta fue criticada y rechazada por todos los grupos parlamentarios. Desde el PSOE, el viceportavoz de Educación en el Congreso, Guillermo Meijón, reprochó que la PNL no hiciera mención del Observatorio Estatal de la convivencia creado por el Gobierno socialista en 2007, así que pidió “encargar a este organismo un nuevo estudio diagnóstico que contraste sus resultados con el elaborado en el año 2010” y recordó “que los resultados de dicho estudio aportaron datos francamente positivos en más de un 80%”.
Sin embargo, Moneo señaló que ese informe indicaba que “era preciso mejorar la eficacia educativa de las medidas disciplinarias, ya que más del 67% del alumnado castigado calificó de ineficaz la sanción”.
Meijón también se opuso al término “clima disciplinar” y a “resolución de conflictos de forma punitiva” y solicitó que “se recuperen y se optimicen los contenidos de Educación para la Ciudadanía referidos a la mediación y la resolución pacífica de conflictos”.
Desde Izquierda Plural, la diputada Mª Caridad García Álvarez, criticó que “al PP sólo le preocupe la disciplina, la manu militari de los profesores y la sanción; en lugar de optar por la formación en valores, la prevención y la atención personalizada a los alumnos”.
Martí Barberà, de CiU, se opuso a que “desde el Ministerio se ponga orden al uso de los móviles dudando de las capacidades de los componentes de la comunidad educativa”. Para la diputada del PNV, Isabel Sánchez, “el argumentario de la iniciativa se olvida de cuestiones fundamentales, como es garantizar el desarrollo de las competencias del alumno, facilitar un contexto de enseñanza y aprendizaje significativo, así como de otras de extraordinaria importancia en lo que respecta al ámbito de reconocimiento de derechos”.
Desde UPyD, su diputado Carlos Martínez, se mostró de acuerdo con la iniciativa, pero no la apoyó por considerarla “bastante modesta” y por entender que “debería de tratarse en el seno de la tramitación de la Lomce”.

Autoridad docente
En su exposición, la portavoz del PP también defendió que “el futuro Estatuto docente contemple la consideración del profesor como autoridad pública, goce de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico y la Administración garantice su adecuada protección y asistencia jurídicas”. Desde el PSOE, Meijón se ofreció a apoyarlo pero sin confundir “auctoritas con potestas”.
Por su parte, García Álvarez rechazó “introducir la autoridad y el régimen disciplinario en lugar de una perspectiva del respeto debido a las personas”. Para la diputada de Izquierda Plural, “tan preocupante es que un alumno falte al respeto al profesor como que el profesor se lo falte a un alumno”.
Carlos Martínez, de UPyD, consideró que “el profesor no sólo debería poder tomar medidas disciplinarias en el aula sino también en relación con las familias” y recordó que “en Finlandia son los propios profesores los que exigen a las familias que cumplan con la parte que les corresponde en la Educación”.

Defensor del Profesor
Moneo se refirió también a los datos del Defensor del Profesor de ANPE, según los cuales “durante el curso 2011-12, un 24% de los docentes manifestó haber tenido problemas para dar clase y un 21% haber sufrido falta de respeto de los alumnos”. Para la coordinadora del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez, “el hecho de revisar las normas de convivencia a nivel estatal no tiene por qué influir negativamente en los marcos autonómicos”.
En opinión de Suárez, “de todas las normas de convivencia, la de Madrid es una de las más completas, ya que es mucho más concreta y, por ejemplo, la Administración se hace cargo de la defensa del profesor y pone a su disposición una serie de asesores jurídicos de forma gratuita”.