El PP rechaza reducir los diez días para cubrir las sustituciones por las bajas
“Diez días sin profesor en un centro y que sean los recursos del mismo centro los que tengan que cubrir esas horas es un ataque a la calidad educativa no sólo de los alumnos de esa aula, sino de los del resto del colegio, que tendrán que prescindir de desdoblamientos, apoyos, refuerzo y de los profesores que vayan a cubrir esa plaza. Y no digamos ya si los diez días por desgracia del profesor, por enfermedad o por otras circunstancias, se amplían algún tiempo más”. Con este argumento, CiU presentó el pasado miércoles en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno rectificase el sistema de sustitución y redujera el periodo de diez días a partir de los cuales los profesores que se acogen a una baja sean sustituidos por interinos.
La PNL, que fue rechazada con el voto en contra de PP y PSOE, criticaba el decreto ley del Gobierno de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo, aprobado en abril del pasado año, por el cual se amplía de tres a diez días el periodo que debe transcurrir para que un profesor titular que está de baja pueda ser sustituido, bajo la excusa de reducir el déficit.
“Si alguno de ustedes tiene o ha tenido hijos de esas edades, sabrá que diez días sin el profesor tutor o sin un sustituto que esté con un grupo-clase de alumnos de 4 o de 5 años termina afectando inevitablemente a la calidad”, manifestó el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberà.
Desde el PSOE, el diputado Federico Buyolo mostró su rechazo no porque no estuviera de acuerdo con la PNL de CiU, sino porque exigía directamente dejar sin efecto el articulado del decreto ley en su conjunto. “Me parece que esta medida está tomada o por el desconocimiento de la escuela pública o sinceramente con mala intención, porque intentar hacer que los centros públicos con sus recursos propios sufraguen este periodo de diez días hasta que son sustituidos es algo de risa”, señaló Buyolo. Para el diputado socialista, “la eliminación durante diez días del profesorado en estas circunstancias lleva a degradar mucho el clima en las aulas y, por tanto, a bajar también el éxito escolar”.
Por otra parte, desde el Grupo Parlamentario Popular, Alejandro Fernández Álvarez aseguró que “el Real Decreto-ley de racionalización del gasto público educativo garantiza la cobertura, la calidad educativa y la equidad y, además, deja márgenes a las comunidades autónomas para que aborden la cuestión del déficit en función de las circunstancias que tengan”. Aunque recordó que “en el caso de Cataluña, cuando se habla del déficit, las circunstancias son las que son; por tanto, es normal que ustedes estén ahora mismo en la situación en la que se encuentran”.
Dirigiéndose a Barberà, el diputado popular añadió: “El Gobierno de España ha recortado en muchas cosas, pero ha conseguido reducir el déficit público; sin embargo, ustedes no lo controlan, ya que se niegan a recortar en lo esencial, en esa elefantiásica red de empresas públicas y subvenciones identitarias”. Para Fernández Álvarez, “las comunidades tienen margen, pero el Gobierno debe garantizar unos mínimos en política educativa para el conjunto del territorio nacional”.
Barberà reclamó además al Gobierno que “devuelva a las comunidades autónomas sus competencias en materia de gestión de las sustituciones del profesorado de los centros”, conculcadas por el citado decreto del Gobierno central que establece carácter básico en esta materia y que llevó a la Generalitat de Cataluña a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que lo ha admitido a trámite.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, sí que apoyó la PNL de CiU y, aunque consideró que “sería mejor que hubiera una competencia única en Educación”, se mostró de acuerdo con que “la gestión tiene que corresponder a quien está más cerca de los centros y del propio sistema escolar”.