AGE denuncia el proceso "oscurantista" de transformación en centros de Formación Profesional
El diputado de AGE Ramón Vázquez se refirió en conferencia de prensa a los dos últimos casos, el IES "As Mercedes", de Lugo; y el de "A Carballeira", de Ourense, y subrayó que, en ambos casos, se toma esta decisión sin siquiera "mediar aviso" y con la consecuencia de obligar al alumnado a desplazarse y reducir plazas de profesorado. Vázquez resaltó que, además, en el caso del centro de Lugo, es el segundo cambio y desplazamiento de alumnos que se produce en dos años, pues inicialmente se transformó de politécnico en IES y ahora en centro integrado de FP.
El parlamentario recordó que el decreto que regula estos procesos establece que haya un dictamen del Consello Galego de FP, de cuya existencia no tiene conocimiento, por lo que cuestionó la legalidad de la iniciativa. Apuntó también que esta actuación es "profundamente rechazada" por las comunidades educativas de los centros afectados y ha generado "preocupación" en otros de otras localidades.
Insistió en que se trata de un proceso en el que prima la "improvisación" y el "oscurantismo" y resaltó la "experiencia acumulada", sobre la que puso el ejemplo del centro integrado "Anxel Casal", de Montealto (A Coruña), con un 76 por ciento del profesorado en contra y con denuncias de mala gestión y funcionamiento y reducción de la calidad educativa. Señaló asimismo que estos centros tienen la obligación de someterse a las certificaciones de calidad, un proceso que se ha adjudicado "sin concurso" a la agencia Álvarez Real, que no está especializada en este ámbito, y que obliga a los profesores a cubrir "un sinfín" de papeleo, con protocolos y fichas para recibir a un padre o convocar una reunión, cuyos resultados después también han de reflejarse en nuevos formularios.
Para Vázquez, la iniciativa tiene un "claro carácter privatizador y mercantilista", "ignorando siempre los procesos educativos", y denunció, además, el funcionamiento "antidemocrático" de estos centros integrados, en los que la comunidad educativa "carece de decisión e influencia". Finalmente, dijo no entender por qué Galicia, con 23 centros integrados, es la comunidad autónoma que cuenta con más, cuando autonomías con más población, como Madrid, tiene tres o Andalucía, seis. El diputado anunció la presentación de diversas iniciativas parlamentarias sobre este asunto, para paralizar el proceso, modificar el marco normativo y limitar la burocratización.