Luz verde a lo estructural; ojo con lo ideológico
Presume el Ministerio de “satisfacción” porque el Consejo de Estado ha respaldado “los pilares de su reforma”. Una interpretación interesada de las 184 páginas del dictamen emitido por el alto órgano consultivo permiten al Gobierno ir con la cabeza alta. Pero probablemente ninguno de los mimbres de la ley que ha respaldado el Consejo de Estado iban a entrañar conflictos políticos relevantes en el Congreso. Al fin y al cabo, casi todos los cambios estructurales vienen justificados por el fracaso vigente y avalados por recomendaciones internacionales.
Es decir, la vertiente estructural de la reforma que el Consejo ha venido a respaldar, de entrada, podría ser susceptible del consenso que tanto necesita nuestro sistema educativo.
En cambio, el Consejo ha puesto en cuestión y ha recomendado corregir aspectos del anteproyecto de ley que son, precisamente, los que impedirán que la quinta reforma educativa en 40 años tenga el aval de los principales partidos.
Aunque de boca del Consejo no sale el calificativo de “ideológico”, los preceptos y medidas cuestionados son aquellos impregnados de ideología, unos, y de intención política, otros. Por ejemplo, la desaparición de Educación para la Ciudadanía y el vigor proporcionado a la Religión, y el amago de intervencionismo competencial frente al obcecamiento nacionalista en incumplir sentencias judiciales.
Algo tan “poco esencial” –en opinión del Ministerio– como la supresión de EpC no hace sino provocar en el PSOE el efecto pendular que hasta ahora ha padecido nuestra legislación educativa. Así, no es de extrañar que ya anuncien la derogación de la Lomce para cuando lleguen al poder, igual que hicieron con la LOCE.
El Ministerio, pese a saber que los aspectos ideológicos (EpC, Religión, diferenciación por sexos) son los que le alejan de un deseable acuerdo político, ha preferido soslayar las observaciones del Consejo de Estado, como si de una corrección de erratas se tratara. Admiten posibles matizaciones, pero no modificaciones sustanciales.
El PSOE se agarra, como a un clavo ardiendo, a los argumentos dados por el Consejo de Estado en favor de la coeducación (si bien acaba aceptando el concierto de los colegios que separan por sexo) y, sobre todo, de la obligatoriedad de EpC.
En lo que atañe al nacionalismo, CiU y el Gobierno catalán celebran que el dictamen rechace la imposición a las comunidades para que paguen colegios privados a quienes quieran estudiar en castellano.
Que nuestra Educación está contaminada por el enfrentamiento político y padece el mal de no haber sido nunca una cuestión de Estado es tan patente que el Consejo de Estado se hace eco de ello en su dictamen. Así, hace constar que “la falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas no universitarias en las últimas décadas no parece beneficiar a la consecución de una Educación de calidad en España”. Y advierte de que “sería muy deseable que, con motivo de esta reforma, se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema”.