La burbuja escolar en la Comunidad de Madrid

La tesis que vamos a mantener aquí es la siguiente: en una situación de progresivo retroceso de la demanda de plazas escolares en la Comunidad de Madrid y en la mayor parte del estado, la administración está tardando demasiado en parar los proyectos de crecimiento de la oferta que puso en marcha en años en los que la natalidad era mayor, la emigración creciente, y no se estaba produciendo la actual salida de familias españolas al extranjero. Creemos que se está desestabilizando a todo el sector de la enseñanza privada (180.000 alumnos en la Comunidad Autónoma de Madrid y más de 514.000 en todo el estado). Un sector que primero resistió la creación de una cuantiosa generación de colegios concertados de nuevo cuño que cobraban sus servicios más allá del déficit del concierto, que después aguantó la pérdida de alumnos por la crisis y que ahora asiste a la amenaza de un proceso de concertación selectiva de centros privados, necesariamente selectiva pues creemos que la administración no tiene recursos suficientes para hacer una oferta más amplia.

Expongamos de manera más pormenorizada los elementos de juicio que nos llevan a sostener esta afirmación:
La política de creación de nuevos conciertos educativos en la Comunidad de Madrid se sustentaba principalmente en tres razones: en el año 2006 había un fuerte crecimiento de las necesidades de plazas escolares; se percibía que había más demanda social hacia los centros concertados, que además resultaban más baratos para la administración al no tener que asumir los costes de la construcción de los edificios y al gastar menos dinero por alumno que en la enseñanza pública; los municipios disponían de suelo y los alcaldes Populares estaban incluyendo en sus programas de gobierno la promesa de creación de nuevos centros de esta gama.

Aquellas previsiones no se cumplieron y la demanda no ha cubierto la totalidad de las plazas escolares que se ofertaron, de manera que la administración ha llegado a cerrar unidades y no solo por los recortes.

Las causas son conocidas: la caída de las rentas familiares hace volver a la red pública a las familias que no pueden pagar las cuotas que cobran estos centros por ejercer como prestatarios de un servicio público y siempre bordeando la legalidad; en segundo lugar, y como consecuencia de la inseguridad y el paro, ha caído la natalidad de forma continuada desde el 2008 y las escuelas infantiles ya vienen notándolo hasta tal punto que el cierre se hace cada vez más frecuente; en tercer lugar, la emigración de familias españolas para trabajar en el extranjero no hace más que crecer y de forma poco cuantificable porque no siempre se registra la salida.

No es que las previsiones estuvieran mal hechas, es que los datos han cambiado. Y, ahora hay que frenar la inercia de la oferta pública. Los alcaldes se sienten comprometidos con sus promesas de creación de nuevos centros concertados y pretenden seguir poniendo en marcha concursos para concederlos, pero la Consejería debería imponer la cordura y cortar los presupuestos. Es cierto que lo que es verdad en general, no siempre se corresponde con todas las circunstancias, y que a nivel local surgen necesidades no cubiertas. Pero, al menos hágase un estudio serio, pues puede tratarse de un cuello de botella coyuntural y puede que existan plazas libres en el entorno.

La enseñanza privada, que aguantó bien al principio la nueva competencia, ahora se resiente y parece que más de cuarenta centros, algunos de gran tradición y prestigio, están buscando el paraguas del estado. El dato no es nada despreciable estamos hablando de un tercio de los colegios privados de la Comunidad. Y es que muchos, hasta ven más rentable económicamente reconvertirse. Tendrían los salarios de los profesores más algunos gastos adicionales pagados, entrarían en un sector de la demanda más amplio, y no se les ponen trabas importantes al cobro de cuotas. Se produce así un “efecto llamada” que los presupuestos de educación no pueden soportar, (concertar la mitad de la enseñanza privada madrileña costaría unos cuatrocientos millones de euros). Cuando escribimos estas líneas se están comenzando a conceder conciertos a centros privados con criterios poco trasparentes. Si esa va a ser la línea de actuación de la Consejería de Educación, por lo menos que sea con criterios fijados de antemano en los que no primen la capacidad de presión o los buenos contactos. Si se produce la ruptura del difícil equilibrio del sector, se arrojará a más instituciones a la cola de la petición de ayuda y la administración se verá obligada a denegársela cuanto menos por falta de recursos. Por lo tanto harían mejor en lo alentar esta alternativa.

¿Cuál es la solución al caos que se está creando? En primer lugar, no se debe permitir que se hagan negocios privados con dinero público, sólo entidades sin ánimo de lucro debieran regentar centros concertados. Un servicio público obligatorio, como es la educación sostenida con fondos públicos, no debiera ser una alternativa de negocio. En segundo lugar, ya que todos los alumnos son detentadores por igual del derecho a la educación, las familias que no usan este servicio, y ahorran al estado entre 4.000 y 7.000 euros al año por hijo en edad escolar, proponemos que se les permita desgravarse de al menos la mitad de sus gastos en educación, siempre de manera limitada a los costes de escolarización obligatoria.

Habrá quien piense que los centros que han elegido la independencia respecto al estado lo hicieron sabiendo los riesgosque corrían y que si ahora les afectan las circunstancias de forma negativa solo les incumbe a ellos. En respuesta a estas posiciones habremos de decir que se ha introducido una nueva generación de colegios sostenidos parcialmente con fondos públicos (más de 60), que ha roto las reglas del juego y que supone una competencia desleal. Habremos de decir que, las administraciones de varias comunidades autónomas (Cataluña y País Vasco) casi han conseguido acabar con los centros privados absorbiéndolos bajo el control del estado, cosa que les venía muy bien para su política de normalización lingüística. Habremos de afirmar que la independencia de nuestros centros nos ha permitido desarrollar una enseñanza de calidad, con buenos resultados, avanzada pedagógicamente, abierta a las propuestas innovadoras, centros con personalidad propia. Y que pensamos que la escasa autonomía que se obtiene cuando se está bajo el control presupuestario del estado no nos permitirá mantener nuestra idiosincrasia.

Pedimos por tanto prudencia a los gobernantes, que sus decisiones no acaben produciendo efectos colaterales que estamos seguros que no desean.

Enrique Maestu es vicepresidente de la asociación de centros privados Círculo de Calidad Educativa (Cicae)