APIA denuncia “presiones” de la Inspección en Andalucía para que se suba la nota

La Asociación de Profesores de Andalucía (APIA) ha denunciado la actuación de la Inspección educativa acusándola de ser “parcial, sesgada y completamente tendenciosa”, ya que perturba gravemente la imparcialidad de los profesores a la hora de evaluar a sus alumnos garantizada por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Los docentes han acudido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, alegando que tras el gran fracaso de los programas de calidad y mejora educativa puestos en marcha, la Consejería habría emprendido este tipo de medidas “presionando a los profesores para que mejoren las calificaciones y tasas de titulaciones”. Es decir, en el escrito les han acusado de “maquillar las estadísticas de los penosos resultados escolares cosechados por el sistema educativo andaluz, sin atender a ninguna de las causas del elevadísimo fracaso escolar que ha caracterizado la región desde hace décadas”.

“Intereses partidarios”
Según APIA, la Consejería está instrumentalizando la Inspección educativa poniéndola al servicio de intereses partidarios, sustituyendo las funciones originales de dicha institución por una, “tan obsesiva como ridícula, declaración de intenciones, para acto seguido acometer una campaña contra toda la enseñanza secundaria y sus profesionales”. Además, ha centrado su actuación en la práctica docente y los resultados escolares, ignorando la mayor parte de factores que influyen en el correcto funcionamiento del sistema educativo, como instalaciones, equipamientos, masificación, etc.

Asimismo, aseguran que es una práctica generalizada en todas las provincias andaluzas, criticando que se haya excluido del “foco fiscalizador” a toda la enseñanza Primaria, haciendo especial hincapié en los centros de Educación Secundaria con peores resultados escolares. Este hecho ha llevado a la exclusión de los más de dos tercios de centros andaluces en los que se imparte Educación Primaria y a más del 60 por ciento de los docentes.

De propuesta a obligación
Para justificar esta denuncia, han revelado algunas de las actuaciones llevadas a cabo en los centros, como la petición selectiva de informes de evaluación, carentes de amparo legal, a determinados profesores o la exigencia de unas programaciones de aula, aún sabiendo su inexistencia en las aulas de Secundaria.

Del mismo modo, aseguran que lo que inicialmente eran “propuestas de mejora”, de carácter voluntario, han pasado a convertirse en “compromisos obligatorios”, hecho que constituye una completa invasión de competencias que lesiona gravemente la “autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros y la libertad de cátedra de los docentes”.

Desde APIA no confían en los recientes cambios habidos en el Ejecutivo andaluz, y que dichas novedades vayan a cambiar la situación, por lo que no descartan la interposición de una demanda judicial que vulneran la objetividad e imparcialidad del profesorado.