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La nueva ley de FP se acerca a la empresa y a las exigencias del mercado de trabajo en Cataluña

Estefanía MartínezMartes, 19 de noviembre de 2013
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La consellera, Irene Rigau, junto a representantes de SEAT y Volkswagen. (Foto: Ensenyament)

Acercar la Formación Profesional a las necesidades reales del mercado y fomentar la mayor implicación por parte de las empresas son dos de los ejes fundamentales del nuevo anteproyecto de ley para la Formación Profesional, según ha anunciado la consellera de Ensenyament, Irene Rigau. Entre las novedades, destaca la integración de la formación inicial y la formación para el empleo, garantizando la aplicación de criterios como la complementariedad, correspondencia y coordinación. En este sentido, Rigau asegura que “es una ley integradora que intenta dar un bagaje formativo a los trabajadores a lo largo de su vida, responder a las necesidades de las empresas y articular una red de centros al servicio de la comunidad”.

Por otro lado, la nueva ley potenciará las estancias del profesorado en los centros de trabajo para facilitar así el día a día en el sector productivo. Asimismo, se establece la acreditación de la experiencia laboral alineada con la Unión Europea, lo que permitirá establecer sistemas de validación del aprendizaje no formal y mejorar de este modo el mercado de trabajo. El objetivo no es otro que lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en línea con la Estrategia Europa 2020, asegura la Consejería. “La propuesta crea mecanismos para todo lo relacionado con títulos y certificados, lo que nos permitirá tener un modelo más flexible” apuntaba la titular de Ensenyament.

Un modelo que crece
Durante su visita al Fórum Europa Tribuna Cataluña, Irene Rigau ha hecho un repaso a las cifras de la FP en la región. En la actualidad, hay más de 55.000 alumnos realizando prácticas profesionales, de los que 2.116 lo hacen en régimen de formación dual. Asimismo, durante este año se han firmado más de 200 convenios adaptados a las necesidades de las empresas y aproximadamente se han acreditado las competencias de 9.000 estudiantes.

En relación al debate abierto sobre la Lomce, Irene Rigau reiteró la imposibilidad de su aplicación si se mantiene la ley tal y como está. También ha denunciado los rankings que se prevén con la nueva legislación, asegurando que “no hay que enfrentar los resultados, debemos utilizarlos”. Por último, la consellera ha apuntado que en los próximos años se quieren mejorar las tasas de éxito en la Educación Secundaria e intentar así alcanzar los niveles marcados desde el tratado de Europa 2020. Del mismo modo ha recalcado la necesidad de una comunidad educativa unida, haciendo un llamamiento a la colaboración por parte de las familias.

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