Los nuevos 2.000 millones para la Lomce no podrán sufragar el sobrecoste de su aplicación

Dos eran las críticas que habían manifestado gran parte de las comunidades autóno-mas –también del PP– respecto a la puesta en marcha de la Lomce en el próximo curso. Por un lado, la dificultad para desa-rrollar los currículos y organizar el nuevo curso ante la reciente aprobación de la Lomce. Y por otro lado, la escasez de financiación para poner en marcha las novedades de la ley, entre ellas el primer curso de FP Básica que ya entra en funcionamiento en septiembre. El Ministerio, por su parte, ha intentado relajar ambas preocupaciones limitando el desarrollo de los currículos a las etapas que se ponen en marcha en septiembre (Primaria y FP Básica) y aportando 2.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.

Tras la Conferencia Sectorial celebrada el pasado miércoles, el ministro, José Ignacio Wert, informó que, de esos 2.000 millones, 1.200 proceden de fondos europeos al estar destinados a la reducción del abandono escolar temprano, ya que está considerado como objetivo estratégico de Europa. De hecho, las partidas financiables por el fondo social europeo son la FP Básica, el incremento de alumnos que se pueda producir por el flujo hacia la FP u otras modalidades, y también la nueva configuración del 4º curso de la ESO. Los 800 millones restantes serán cofinanciados por el Ministerio y las comunidades autónomas.
¿Quiere decir que todo el coste de los cambios sobre el sistema educativo se limita a esos 2.000 millones? No necesariamente. Como el Ministerio ha manifestado en varias ocasiones, en la medida en que se consiga esa reducción del abandono temprano, que implica el mantenimiento en el sistema de los alumnos, los costes serán mayores cuanto mayor sea el éxito de la reforma. Según el ministro, “hay que ver los resultados año a año, y en función de eso habrá que adoptar las disposiciones presupuestarias que correspondan para atender al sobrecoste que se derive de la permanencia de los alumnos durante más tiempo en el sistema educativo”. Hay que tener en cuenta que también habrá ahorros derivados de la esperada reducción de la tasa de repetición y de la compactación de materias, sobre todo en el Bachillerato.

Wert explicó también que “los fondos se van a repartir en función de los costes en que incurran las administraciones educativas a través de la oferta de plazas de FP Básica y también por el incremento general de matrícula que se derive”. De todas formas, la distribución de las cuantías será el objeto de la próxima Conferencia Sectorial que se celebrá en abril.

Calendario de aplicación
Con respecto al calendario de aplicación, los consejeros de País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias ya habían advertido de que resultaba inviable poner en marcha la ley ya el próximo curso. Según la consejera vasca, Cristina Uriarte, “cada comunidad tiene que elaborar sus propios desarrollos normativos, lo que conlleva un proceso bastante largo de nueve meses, en el que
se redactan los decretos, se realizan los informes correspondientes, se contrastan, se consensúan con la comunidad educativa y finalmente se aprueban”. Por su parte, el ministro reconoció que el calendario “es exigente”, ya que se han elaborado los reales decretos del currículo y de la FP Básica en un tiempo récord –se han conocido los borradores en el mismo mes de diciembre respecto a una ley que entró en vigor el día 30 de ese mes–. Por eso el Ministerio ha optado por fragmentar los decretos, de forma que este curso solo se desarrolle los currículos de las etapas que se ponen en marcha en septiembre (1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica), y retrasar el desarrollo de los de Secundaria y Bachillerato.

El Ministerio también ha pensado que, ya que tiene responsabilidad directa de la administración educativa de Ceuta y Melilla y tiene que de-sarrollar los currículos completos y estándares de aprendizaje en estos territorios, va a poner ese desarrollo a disposición del resto de autonomías a la mayor brevedad posible para que lo utilicen como material supletorio, lo cual puede facilitarles el trabajo. Además, ha introducido una cierta flexibilidad en el Real Decreto que regula la FP Básica, de forma que va a permitir que los dos primeros cursos se puedan seguir impartiendo en aquellas entidades que hasta ahora venían acogiendo los PCPI. Ya la consejera asturiana, Ana González, había denunciado que las comunidades no sabían si la FP Básica era de oferta obligada en todos los centros ni si tenían que pagar los conciertos en esta etapa.

Sobre la imposibilidad de poner en marcha la ley el próximo curso, Wert incidió en que “una clara mayoría de las comunidades ha manifestado que sí que es posible” y recordó que “aquellas que han encontrado dificultades para llegar a tiempo al desarrollo son las gobernadas por partidos que han expresado su oposición radical a la Lomce y su voluntad de derogarla cuando se den las condiciones políticas y parlamentarias propicias para ello”.

CRÍTICAS AL DESARROLLO DE LA LOMCE
­­­- Claridad técnica
CSI-F ha reclamado recursos económicos y humanos, así como claridad técnica para aplicar el desarrollo de la Lomce en el próximo curso con garantías suficientes para profesores y alumnos. El sindicato reclama también un horario mínimo para cada materia troncal con el fin de homogeneizar el sistema en el conjunto del Estado; o elaborar un catálogo de asignaturas específicas más cerrado que no deje al albur de las comunidades autónomas materias fundamentales como Dibujo, Tecnología o Música.
­­­- Participación
Según la Ceapa, “se está realizando un ataque sin precedentes a los consejos escolares con la aprobación de la Lomce”. STES también reivindica “el valor de la participación democrática y la autonomía” y propone a la comunidad educativa de cada centro que los equipos directivos se impliquen y se comprometan a respetar lo que las anteriores leyes educativas otorgaban a los consejos escolares, así como a las organizaciones de padres, del alumnado y del profesorado.
­­­- Más tiempo
UGT ha criticado que en la permanente del Consejo Escolar del Estado se haya planteado a las organizaciones dictaminar sobre los Reales Decretos de la Lomce que van a sufrir modificaciones sustanciales. El sindicato ha pedido que, igual que a las comunidades autónomas, se dé también más tiempo al resto de organizaciones que conforman la comunidad educativa para debatir la Lomce.
­­­- Negociación docente
ANPE advierte al Gobierno que “el desarrollo de una ley de Educación implica una modificación sustancial de las condiciones laborales del profesorado: horarios, distribución, aumento o desaparición de especialidades, etc”. Por eso cree imprescindible que el mínimo consenso alcanzado en la Conferencia Sectorial se vea reflejado en la negociación inmediata con los legítimos representantes del profesorado en Mesa Sectorial.