La Lomce llega al Constitucional de la mano de cinco comunidades y el PSOE

"La Ley Wert es una malísima ley para este país, para la igualdad de oportunidades, para las personas con mayores dificultades y para la Democracia", sostuvo la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, el pasado viernes cuando acudió al registro del TC. Los diputados del PSOE recurren la Lomce basándose en 14 apartados de la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert.

En concreto, tienen cinco argumentos para intentar convencer a los magistrados del TC: segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias o se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores. El recurso se hace eco, según Valenciano, de peticiones de la comunidad educativa, como sindicatos de docentes, estudiantes y padres.

Algunos de ellos como CCOO y UGT también han solicitado al Defensor del Pueblo que interponga recurso pero la institución dirigida por Soledad Becerril se ha negado. Las cinco autonomías (representan el 52% de la comunidad educativa, según fuentes socialistas) que recurren apuntan a la invasión competencial de la Lomce, y Cataluña y País Vasco hacen hincapié en el tema lingüístico.

"Andalucía se rebela, no vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía", advierte el consejero de Educación andaluz, Luciano Alonso, quien asegura que impartirán asignaturas "desterradas" como Educación para la Ciudadanía, y se aplicará a Religión el "horario mínimo posible".

El Gobierno andaluz, que pide la paralización de la Lomce hasta que se resuelva el recurso, señala que la ley "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado. El Gobierno asturiano entiende que la Lomce es una normativa que "da la espalda" a la Carta Magna, y para el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, persigue "dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las reválidas o los ránking de centros".

El consejero de Educación canario, José Miguel Pérez, cree que la Lomce supone un "choque frontal en el ámbito competencial". Cataluña presenta recursos desde la Generalitat y el Parlament, resaltando que la norma invade competencias educativas (al estructurar las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración o recuperando las "reválidas") y afecta al modelo de inmersión lingüística. La Lomce fija que si un alumno no puede recibir las clases en castellano como lengua vehicular en los centros públicos o concertados de su comunidad se le deberá costear las clases en uno privado.

Y el Gobierno Vasco recurre 19 artículos por vulnerar competencias y tener un carácter "injustificadamente homogeneizador". La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, reconoce que el recurso no supone parar la puesta en marcha de la reforma pues "es una ley vigente y nosotros tenemos que cumplir la ley".

A estos recursos se suman otras iniciativas de rechazo a la norma como es una Proposición no de Ley para derogarla, presentada el pasado mes en el Congreso por toda la oposición (excepto UPyD, Foro Asturias y UPN).

La Lomce, aprobada el pasado 28 de noviembre en el Congreso solo con los votos del PP, fue publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013 (mañana se cumplen los tres meses para recurrirla ante el TC) y entró en vigor a los veinte días.