Los directores de centros de Cataluña podrán elegir la mitad de su plantilla
El decreto regula los procedimientos para definir el perfil y la provisión de los puestos de trabajo docentes, y supone “modernizar la función pública docente”, en opinión de la consellera de Enseñanza, Irene Rigau. No opinan lo mismo los sindicatos. Varios delegados sindicales se concentraron el 27 de marzo ante el Departamento de Enseñanza para expresar su rechazo al decreto y exigir la retirada de una normativa que “genera la indefensión”.
Según el responsable de Educación pública de CCOO, Marc Sungüensa, la normativa “traspasa una responsabilidad jurídica a los directores que les puede complicar la gestión del centro”. Sungüensa asegura que “los directores pueden decidir sin que el Consejo Escolar les de su aprobación”, lo que “generará problemas en la función directiva”. En este sentido, Sungüensa dice que este decreto se aproxima a la Lomce.
Por otro lado, el decreto contempla que en 409 centros (297 de Primaria y 112 Secundaria) situados en entornos socioeconómicamente desfavorecidos todos los puestos vacantes por jubilación, y no sólo el 50%, podrán ser propuestos por los directores, explicó la consellera.
Rigau explicó que el decreto permite “un nuevo modelo de política de recursos humanos, profesionalizando la docencia y garantizando el plurilingüismo”.
Uno de los objetivos de este decreto es conseguir que en un tiempo breve los docentes con un alto nivel de inglés –el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas– puedan impartir clase y no permanezcan en la bolsa de trabajo de interinos esperando su turno por antigüedad, como sucedía hasta ahora.
El Consejo Escolar de Cataluña aprobó con 23 votos a favor y el nuevo decreto. Sin embargo, los sindicatos se han opuesto a la medida desde hace un año, cuando se conocieron las intenciones de la Generalitat de aprobar el citado decreto. No obstante, Rigau ha puntualizado que el decreto “no modifica las condiciones laborales de los docentes”, aunque sí el acceso a un puesto de trabajo, y ha reconocido que “innovar en la función pública es complejo”.
La nueva regulación entrará en vigor a partir del próximo curso y afectará a los docentes de todos los cuerpos desde Primaria. A partir de ese momento, la mitad de los docentes podrán ser elegidos por el director del centro, pero la otra mitad podrá acceder a un puesto con el sistema actual, según la antigüedad.
El decreto indica también que el funcionario interino o sustituto propuesto para un empleo en una escuela pública y que no tenga experiencia docente habrá de superar un periodo de prueba de cuatro meses para acreditar su idoneidad profesional.
En el supuesto de que la evaluación de este docente, realizada por el director del centro, sea negativa, la Inspección deberá evaluarlo de nuevo y, si continuara siendo negativa, el profesor quedaría excluido de la bolsa de trabajo y deberá superar una prueba específica de conocimientos y un nuevo periodo de prueba.
Por otra parte, CiU y ERC rechazaron el 27 de marzo en el Parlament una moción que instaba a retirar el decreto. La moción había sido presentada por el grupo del PPC y contaba con el apoyo de PSC, ICV-EUiA y de Ciutadans, mientras que la CUP la apoyaba parcialmente.