Dos tercios de los excluidos sociales no tienen más que la Secundaria
Es conocido que un nivel educativo alto es una buena medida preventiva de la exclusión. De nuevo se ha puesto de manifiesto en el último Informe Foessa sobre Precariedad y Cohesión Social encargado por Cáritas, informe que ha molestado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y en general al Gobierno, hasta el punto de desacreditar sus conclusiones, al situar a España como tercer país europeo con más riesgo de pobreza, tras Grecia y Rumanía.
El total de personas afectadas por situaciones de exclusión ha pasado del 16,3% al 25,1%, siendo en los últimos cuatro años cuando se ha producido el mayor deterioro (un aumento de 6,5 puntos del espacio social de la exclusión).
En número de hogares afectados, la cifra pasó desde algo más de 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.
Las diferencias más destacadas entre unos tipos de hogares y otros se dan justo según el nivel de estudios del sustentador principal (con cuatro veces más proporción de excluidos en las personas analfabetas que en las universitarias).
Todos los grupos que no consiguen un nivel educativo superior a la Secundaria Obligatoria tienen tasas de exclusión significativamente superiores a la media y suponen dos tercios del espacio social de la exclusión, según el informe.
“Parece que el discurso que viene desacreditando el valor de la Educación en nuestra sociedad y habla de sobreformación de las personas (como si les sobrase una parte de la Educación recibida) no se corresponde con ninguna evidencia empírica desde la perspectiva de la exclusión social”, señala el informe.
Los hogares encabezados por una persona con estudios universitarios suponen tan solo el 7% del total de los afectados por la exclusión social. La incidencia en estos hogares se reduce a la mitad respecto del conjunto.
La falta de un nivel educativo postobligatorio se convierte cada vez más en un hándicap para una participación plena en nuestra sociedad, y esto se ha intensificado con la crisis.
“La idea de que el paro afecta a todos y que estudiar no garantiza a nadie un puesto de trabajo parece ser una verdad a medias (que a veces es la peor mentira)”, aseguran los autores del informe.
Más bien al contrario, los procesos de exclusión social se han extendido con la crisis preferentemente entre los que no alcanzaban ese nivel. Esa exigencia es significativamente mayor en el caso de los varones y se intensifica mucho más para las generaciones más jóvenes, en pleno potencial productivo.
Otra llamada de atención importante que hace el informe de Cáritas se refiere al “empeoramiento del contexto social y familiar en el que viven los estudiantes en nuestro país”, una vez superada la edad de escolarización obligatoria (y también antes, como se ve por los resultados de la exclusión social en la infancia).
Este empeoramiento ha ido en la línea de lo experimentado por el conjunto de la sociedad, pero ha sido mucho más intenso, pasando de una tasa de exclusión del 9,5% en 2007 al 22,5% en 2013.
“No parece que ese sea el contexto más adecuado para mejorar los indicadores educativos a nivel nacional –añade el informe– habitualmente mal posicionados, tanto respecto del abandono prematuro de los estudios como de los resultados de aprendizaje”. Ambas cuestiones “pueden empeorar todavía más si los estudiantes se ven cada vez más afectados por los problemas y las tensiones que implican los procesos de exclusión”, asegura Cáritas.